Comienza la cuenta atrás para la extinción del ITC

Antonio López Gulías. / DA

La negociación en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha encallado cuando estaba a punto de llegar a buen puerto. A pesar de que los trabajadores habían ofrecido asumir parte del déficit de esta empresa pública de la Comunidad Autónoma, el gerente, Antonio López Gulías, comunicó el lunes al comité intercentros la intención de la dirección de iniciar el procedimiento de despido colectivo anunciado en noviembre.

Los contactos bilaterales comenzaron el 16 de octubre de 2013 y ahora se abre un plazo de siete días para la constitución de la comisión representativa. Unos 80 puestos de trabajo, de un total de 165, están en el aire.

Durante la última de las tres comparecencias en el Tribunal Laboral Canario, el 24 de enero, la parte empresarial se comprometió a entregar una propuesta de solución que no llegó al comité hasta el pasado domingo. Sin apenas tiempo para analizarla, al día siguiente se presentó el preaviso de ERE.

En aras de garantizar la viabilidad de la empresa y acometer la reducción del déficit previsto para 2014, “en el contexto de crisis económica global y de austeridad presupuestaria”, el comité de huelga trasladó una iniciativa que incluye un recorte lineal del 10% de todos los conceptos salariales establecidos en el vigente convenio colectivo. Mientras, los directivos soportarían un ajuste del 20%. Como aval de su “voluntad”, se suspendería el cobro de las pagas entre el 1% y 2% de la masa salarial fijada para 2014 y 2015. Esa cantidad sería recuperada en el primer trimestre de 2015 y 2016. Además, la jornada laboral de 37,5 horas se reduciría a 35 horas semanales de promedio anual. También se congelaría “el coste que supone el devengo del plus de transporte”, cifrado en 193,564 euros, y se transformaría en un complemento que variaría en función de las circunstancias individuales.

Otra aportación del comité era la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos: ampliación el número de proyectos, convenios y colaboraciones con entidades públicas o privadas, así como diversificar el accionariado.

A cambio de semejante sacrificio, no se presentaría un ERE mientras duren los recortes ni se concretarían extinciones individuales por causas técnicas, productivas y económicas, “salvo que se traten de bajas incentivadas”. Asimismo, se mantendría la integridad del ITC como empresa de I+D+i con implantación regional. El acuerdo se revisaría el 1 de enero de 2015.

Cualquier medida de aminoración del déficit, que la dirección del instituto sitúa en 1.337.000 euros para este ejercicio, “se ha de fundamentar en un incremento de la eficacia”. De ahí que se procuren acciones organizativas y de reestructuración.

La poda promovida por la cúpula del ITC consistía básicamente en la eliminación de cuatro pluses y de la bolsa de vacaciones, junto a un recorte salarial del 5%. A ello añade la reestructuración de los departamentos y de las secciones, unido a extinciones indemnizadas o despidos objetivos individuales.

En este tiempo de turbulencias, la cabina de mando del ITC, que pilota la consejera Paquita Luengo, se ha venido agarrando a la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A modo de alternativa a la sociedad anónima, los grupos parlamentarios del Gobierno canario (CC-PSOE) incorporaron una enmienda a los presupuestos por la que se creaba el ente público empresarial Instituto de Desarrollo Tecnológico de Canarias. Oficialmente, el motivo del rechazo es que el comité se limita a 2014 y 2015. “Aun en el caso de que se volviera a una situación de pérdidas”, esgrimen desde las altas instancias, “los trabajadores recuperarían sin ningún tipo de condición su nivel retributivo anterior”.