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A la espera de un parto que se dilata

   
Sede central de Banca Cívica-CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias mantiene su sede en el edificio central que albergó esta entidad financiera. / J.G.

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Son muchos los que esperan como agua de mayo que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decida sobre la intervención llevada a cabo por el Gobierno regional en la Fundación CajaCanarias. Por supuesto están los directamente afectados, que son los miembros del Patronato conformado antes de la misma y en el que se encuentran insignes miembros de la sociedad insular, y también los que decidieron la operación desde el Gobierno de Canarias (una derrota jurídica sería un arma poderosa en manos de sus rivales políticos). Pero los que peor llevan toda esta historia, insólita tanto por sus consecuencias como por las circunstancias que envolvieron a la misma, son los miles y miles de beneficiarios de la sociedad canaria que, a estas alturas, desconocen el rumbo que seguirá esta fuente de mecenazgo sin par en la comunidad autónoma, ya por volumen de redistribución, ya por tradición y conocimiento en el mismo a lo largo de décadas de comprometida acción desde la Obra Social y Cultural de la otrora entidad financiera CajaCanarias.

Como recordarán los lectores, fue en los días del Año Nuevo pasado cuando pareció decidirse la intervención de manera silenciosa, aunque el Gobierno de Canarias no lo desvelara hasta la Semana Santa siguiente, una demora nunca explicada que ahora suma unos meses innecesarios a la incertidumbre. Establecida una Comisión Gestora por parte del Ejecutivo tras negarle a posteriori al patronato de la Fundación CajaCanarias su inscripción como Fundación de carácter especial, en los mentideros político-económicos de la Isla se da por hecho que, en breve, el Gobierno nombrará a un nuevo equipo rector, a pesar de que la Justicia sigue sin decidir al respecto más allá de rechazar que se mantuviera al anterior como medida cautelar.

De este modo, la resolución se antoja, si cabe, más necesaria que nunca, toda vez que el año 2013 se extingue y la conformación de un plan de acción para el siguiente ejercicio, obligatorio por imperio de la ley, exige y merece una estabilidad que dé cumplimiento a las múltiples necesidades de los miles de ciudadanos que desarrollan sus diferentes propuestas no lucrativas gracias al mecenazgo de la Fundación CajaCanarias.

Las dudas pasan por el margen de maniobra con que contará ese nuevo Patronato, ya que pende sobre el hilo de la transitoriedad, de ahí la urgente necesidad de un veredicto judicial. ¿Se animará a marcar nuevas líneas de actuación cuando puede decaer en unos meses? El tema no resulta baladí, por cuanto hay programas de actuación que tienen ya decenios de aplicación. De ahí los nervios, más que comprensibles visto lo expuesto.

Mientras tanto, la Comisión Gestora muestra lógicas señales de agotamiento, al punto que alguno de sus integrantes no está por la labor de aguardar a la decisión del Alto Tribunal para abandonar el mismo, dada la referida incertidumbre sobre cuándo llegará la misma.

La intervención

Cuando se produjo la intervención, hubo palabras mayores por parte de la oposición política en el Parlamento de Canarias y fuera del mismo. Desde la oposición ejercida por el Partido Popular llegaron duras críticas, tanto por parte de sus principales portavoces en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En aquellos días, los populares insistieron en calificar la intervención como “una expropiación encubierta” y forzaron un debate parlamentario en el que no faltaron agrias intervenciones.

A todas estas, la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico asegura que sólo pretende garantizar el bien general y que “detectó reparos en la escritura de constitución de la fundación que no fueron subsanados a tiempo ya que, mientras el plazo expiraba el 3 de enero, fue el 21 de diciembre cuando el Gobierno de Canarias dispuso de la documentación remitida por CajaCanarias”. Además, “el informe del Banco de España, preceptivo para tomar en consideración la autorización, no se recibió hasta el 28 de ese mes”.

Nadie parece haber sabido transmitir razones suficientes para que una situación de tamaña trascendencia para el archipiélago (pero especialmente para esta provincia) se haya estancado en la transitoriedad y las dudas. El Patronato original sostiene que el proceso de transformación fue impecable, diligente y coordinado con las diferentes consejerías del ejecutivo que debían convalidar el procedimiento. Los responsables políticos de tomar una decisión tan delicada insisten en que el proceso caducó por haber expirado el plazo para la inscripción, si bien parece claro que toda la documentación obraba en su poder con la antelación necesaria. Desde luego, mucho parece para un problema de fechas.

El silencio

Tal impresión puede deberse a que, tras el ruido inicial, ha imperado el silencio. Para el PP ha dejado de ser un casus belli, al Gobierno es obvio que no le interesa nada más que esa decisión judicial y, en cuanto a los antiguos patronos, la moderación ha marcado sus pasos desde el principio, rechazando toda invitación a postularse en público, aduciendo su respeto a lo que puedan decidir los tribunales con la confianza de haber heredado la responsabilidad de potenciar una institución centenaria, de alto compromiso social, y haberlo hecho de manera diligente y responsable.

Mientras tanto, la vida sigue en la Fundación CajaCanarias a través de un programa anual que apenas ha sufrido cambios apreciables por mor de la intervención. Pero entrados en el mes de diciembre, la situación requiere la entrada en quirófano para alumbrar una solución definitiva. En los tiempos que corren, pocos instrumentos de carácter privado (en realidad, ninguno) revisten tanta energía y capacidad de acción como la otrora Caja General de Ahorros de Canarias para dar respuesta a muchas de las demandas sociales del archipiélago; de ahí que el TSJC tiene entre sus manos una operación delicada pero fundamental para gestar esperanzas y fortalecer proyectos.

Hay quien ve en el caso muchos millones de euros (más de cien según los datos del año pasado), pero son muchos más lo que sienten este asunto por su repercusión trascendental para la exclusión social sobre todo, pero también para la música, la pintura, la escultura, la literatura, el ajedrez, el atletismo, la investigación, el medio ambiente, la innovación empresarial y muchas más artes y prácticas que conforman, como en cualquier lugar, lo más brillante y digno de mención en la sociedad tinerfeña.

Y eso no se compra con euros si no se sabe cómo sembrarlos. Nueve meses después, el parto se antoja necesario.

Breve cronología


Las fechas clave

La Ley 9/2012 del 14 de noviembre de 2013 obligaba a CajaCanarias a transformarse en Fundación de Carácter Especial antes del 3 de enero de 2013 (cinco meses después de la fusión Banca Cívica-CaixaBank).

El Consejo de Administración aprueba el 4 de diciembre de 2012 la transformación, elevando a la Asamblea General celebrada el 20 de diciembre, el acuerdo de transformación voluntaria cesando así como máximo órgano de gobierno y aprobando los estatutos, tal y como había pactado con el Gobierno de Canarias.

Toma posesión el Patronato el 21 de diciembre, misma fecha en la que se presentó en el Gobierno de Canarias toda la definitiva documentación y solicitud de aprobación e inscripción.

Tras meses de incertidumbre, el Gobierno de Canarias anuncia a finales de marzo su decisión de intervenir la Fundación, nombrando una Gestora. Ahora se espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia.