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Información y buen gobierno – Por Jaime Rodríguez Arana

   

El proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública acaba de ser aprobado por las Cortes Generales. Es verdad que en su tramitación han sido admitidos como sujetos obligados la Casa Real, los partidos políticos y los sindicatos. Sin embargo, la regla de que todas las instituciones que manejen fondos públicos tengan que dar información de las actuaciones que realizan todavía está lejos de ser una realidad en el texto. Si estamos de acuerdo en que los fondos públicos son de la ciudadanía y de que ésta, por consiguiente, puede conocer, si quiere, como se administran sus dineros, entonces ningún sentido tiene mantener la oscuridad ante algunas actividades de instituciones públicas o privadas que manejan fondos de esta naturaleza. Por ejemplo, tal y como está redactado el articulado, la Casa del rey sólo deberá informar de sus actuaciones sometidas al derecho administrativo, lo que obviamente excluya el manejo de fondos públicos gestionados a través del derecho privado. También se excluye la información relativa a las agendas laborales de cargos públicos, de cualquiera de los tres poderes, lo que impide conocer aspectos relativos al desempeño de funciones relacionadas directamente con el interés general. Igualmente, tampoco podrán ser objeto de conocimiento general los contratos de los partidos políticos o los de los sindicatos, financiados mayoritariamente con fondos públicos y que se presume que realizan actividades de interés general, con empresas privadas. Si se pueden conocer los suscritos con la Administración pública pero no los rubricados con instituciones particulares. Finalmente, tampoco se ha previsto que los ciudadanos podamos conocer el destino que se da al dinero que el FROB da a las entidades financieras. La información de interés general, no solo la que procede de la administración y gestión de fondos públicos, debe estar a disposición de los ciudadanos. Por una razón fundamental. Ahora, en un sistema democrático, el verdadero soberano es el pueblo en conjunto y en cuanto integrado por todos y cada uno de los ciudadanos. Los ciudadanos son los verdaderos dueños y señores de las instituciones públicas y de interés general y, por ello, pueden, y deben, conocer todos los aspectos que tengan que ver con su manejo y administración. Abrir las puertas a una serie de cuestiones y cerrar otras que también atienden al interés general, no tiene justificación. Sólo aquellas informaciones o asuntos que afectan a la seguridad pública o a la intimidad de las personas, puede ser objeto de reserva, que en todo caso habrá de ser motivada bajo elevados y exigentes patrones de justificación y argumentación. Si seguimos ocultando a la ciudadanía actuaciones relacionadas con el interés general que poco o nada tienen que ver con la seguridad pública o la intimidad de las personas es porque no creemos todavía que los fondos públicos sean verdaderamente de la ciudadanía. Porque todavía hay quienes quieren reservarse espacios al margen de la transparencia. Y cuándo algo se pretende esconder del escrutinio general normalmente es para fines inconfesables. En democracia, todos los sabemos, el gobierno es del pueblo y se debe realizar para y por el pueblo. El pueblo es el soberano y encomienda la gestión y administración de lo público a unos representantes que tienen la obligación de permanentemente dar cuentas de su gestión a la ciudadanía.

Jaime Rodríguez Arana es CATEDRATICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (jra@udc.es)