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La inseguridad en época de crisis – Por Rafa Lutzardo

   

Desde que comenzó la crisis económica en España y resto de Europa las agresiones a los empleados públicos de todos los sectores se han incrementado de forma notable. Minimizar y prever las agresiones, insultos y amenazas a los empleados públicos es el objetivo de la próxima puesta en marcha por parte de la Administración central de un protocolo de actuación para atajar este tipo de violencia. Actualmente, según informa el sindicato CSI-F central, ante esta situación parece que la Administración General del Estado ha reaccionado y en breve pondrá en marcha un protocolo que incluirá, entre otras cosas, un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistentes salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento. Un plan que también debería incluir planes de prevención, actuación y protección antes situaciones violentas. Estos tipos de intimidación, algunas con violencias, no es nada nuevo y casual en la sociedad canaria, donde recientemente en Tenerife, un empleado público de la Oficina de Empleo fue amenazado por un ex presidiario con un arma blanca. Suceso que fue denunciado valientemente por la delegada del CSI-F autonómico de la Junta de Personal del Servicio Canario de Empleo. Actos cobardes como el mencionado anteriormente deben de ser siempre denunciados ante las autoridades competentes y al mismo tiempo en los medios de comunicación, ya que mañana otros empleados públicos o de cualquier empresa privada, podrían ser víctimas de estos tipos de amenazas o violencias. La sociedad canaria se muestra sensible ante la cantidad de problemas que muchas familias tienen que soportar por culpa de una crisis económica brutal y desproporcionada. Nadie cree en nadie. Las ilusiones y las esperanzas por ver una salida que permita la oportunidad de generar empleo es muy vaga. Es por todo ello, que la inseguridad ciudadana se ha incrementado por todas las islas. La desesperación de miles de personas están provocando formas de conducta y actos al límite de lo racional, pero que en nada justifica las acciones violentas o amenazantes. La situación actual no es cómoda para nadie, salvo para algunos privilegiados, no podemos permitir que las amenazas o violencias de algunos delincuentes provoquen en nosotros miedos y silencios. Por todo ello, es necesario tomar conciencia y medidas ante actos violentos e intimidatorios contra la sociedad trabajadora y de aquellos jubilados que van cada mes a las cajas o bancos para cobrar sus respectivas pensiones.