La jueza fijará qué parcelas de Las Teresitas se devuelven y su precio

La expectación mediática superó la realidad de una vista que apenas duró media hora. | FRAN PALLERO

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

La justicia material, que no la formal, permite que si se anula un acto de compra-venta, el vendedor recupera lo vendido y el comprador su dinero. Sin embargo, en la justicia formal, son otras muchas las consideraciones a tener en cuenta y eso es lo que ayer se pretendía dirimir en la vista preliminar de la parte civil del llamado caso Las Teresitas, sesión que finalmente fue aplazada hasta el próximo mes de abril. Este proceso civil debe establecer la forma en la que dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2007 anuló la compra-venta de 11 parcelas del frente de playa realizada entre el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas. Ayer, la jueza titular del Jugado de Primera Instancia Nº6 de Santa Cruz, Carmen Serrano, antes de la suspensión de la vista, estableció que en este proceso no solo se ha de fijar qué terrenos se pueden devolver o no y qué dinero se ha de reintegrar, sino también la pérdida de valor a descontar de las parcelas por la falta de urbanización. Esto supone que el Ayuntamiento podría no recuperar todo el dinero que reclama si la jueza estima que a esa cantidad hay que descontarle esa posible pérdida de valor.

Será en abril cuando se sepa cómo continúa este proceso después de que se decidiera aplazar la vista al presentar los abogados municipales un certificado que los habilita para representar al Ayuntamiento en todos los aspectos de este caso, representación que había sido puesta en duda por la parte demandante, ILT. Al presentarse este documento, en poder de los letrados municipales desde septiembre, los abogados de ILT pidieron dos minutos para estudiarlo, tiempo que finalmente se ha convertido en tres meses por decisión de la jueza. La abogada de ILT, María Luz Sosa, al término de la vista, consideró que la presentación de nueva documentación solo es un intento más de paralizar el proceso por parte del Ayuntamiento a la par que se mostró satisfecha con la decisión tomada por Serrano sobre la valoración de los terrenos: “Estamos contentos de que sea la jueza de lo civil la que decida la tasación”, dijo.

La importancia de esta decisión radica en que, por lo general, las diferencias de valor son fijadas en otra vía, la administrativa, a la que las partes acuden una vez que en lo civil se establece qué terrenos se devuelven y qué dinero. Este extremo fue explicado por el abogado José Pérez Ventura, presente como oyente en la causa y que representa a la acusación particular en la vía penal de este mismo caso: “Si yo fuera el Ayuntamiento estaría preocupado porque al fijar los elementos de prueba, la jueza ha dejado ver que puede establecer la pérdida de valor, con lo que el Consistorio recibiría incluso menos de lo que está reclamando”.

Los abogados municipales no quisieron hacer declaraciones y se limitaron a explicar a través de un portavoz que el aplazamiento obedece a una estrategia de ILT para obstaculizar el proceso: “El documento no tiene mayor trascendencia que la de reforzar la decisión ya tomada por el pleno de habilitar a la representación letrada para que tome las decisiones que estimen oportunas”.

Optimismo municipal
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, aseguraba ayer mediante un comunicado que el Ayuntamiento es optimista en la reclamación de cantidades que ha presentado. Martín consideró que “todo parece apuntar a que el juzgado resolverá la recuperación del dinero pagado en 2001 por los terrenos del frente de playa”. No obstante, planteó que hay que ser prudentes, ya que “estamos en la fase preliminar y todavía no se ha estudiado la parte principal”. “Confiamos absolutamente en la recuperación del dinero”, aseguró Martín a la vez que proclama la intención municipal de llegar hasta el final. “Confiamos en que el resultado del juicio será favorable para el Consistorio”, concluyó.