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Lenguaraces – Por Leopoldo Fernández

   

Ahora que las relaciones entre los gobiernos de Rajoy y Rivero han entrado en vías de racionalidad y sana colaboración, la guerra dialéctica entre personajes del Partido Popular y Coalición Canaria ha vuelto a casa, y para quedarse, según parece. Tanto el presidente del Cabildo grancanario como el alcalde de Las Palmas han lanzado algunas diatribas contra Tenerife y su capital. José Miguel Bravo de Laguna, un político de probada experiencia y largo recorrido, insiste en la defensa a ultranza de los hoteles de cuatro estrellas. Se trata de su particular visión de la moratoria turística, a la que atribuye intenciones un tanto perversas en la medida en que limita la construcción de determinado tipo de hoteles que, a juicio del titular de la corporación insular, son precisamente los que más necesita la isla redonda. El ejecutivo de Paulino Rivero ya ha dicho que, pasado un año y a la vista de la experiencia, se podrá revisar la norma y rectificar algunas de las medidas que, en efecto, pudieran perjudicar a Gran Canaria. Pero a Bravo de Laguna le sobran las alusiones a Tenerife, a su idea de que tal medida favorece a esta isla, con la que parece tener su guerra particular a cuenta del mayor número de visitantes que recibe y de sus mejores y más modernas infraestructuras turísticas.

Unas y otras no son atribuibles al marco jurídico-administrativo diseñado por el Gobierno regional, sino a la iniciativa privada, que invierte allí donde encuentra mejores condiciones objetivas para sus planes de negocio. Hoy por hoy, la isla tinerfeña ha ido ganando protagonismo y atractivo en comparación con Gran Canaria, al menos a efectos turísticos. Por eso, el presidente del cabildo haría mejor en examinar los porqués de ese problema en su isla, seguramente debido al modelo turístico elegido y al envejecimiento de su planta hotelera y extrahotelera más que a perjuicios inducidos por las autoridades. En cuanto al alcalde de Las Palmas, Juan José Cardona, ha anunciado que rompe relaciones con Santa Cruz de Tenerife -se supone que con su homólogo de la capital chicharrera, José Manuel Bermúdez- porque ha perdido confianza en él tras descubrirse que el censo municipal se había inflado en unos 15.000 ciudadanos. El dato es correcto, pero el posible fraude está siendo investigado por las autoridades judiciales y da la casualidad de que Bermúdez no estaba en el ayuntamiento cuando se elaboró dicho censo, así que no le cabe ningún tipo de responsabilidad. Más vale por tanto que rectifique cuanto antes y procure la deseable colaboración con su colega santacrucero. Los ciudadanos no queremos polémicas absurdas ni salidas de pata de banco, sino sana cooperación para todo lo que pueda beneficiar a ambas capitales.