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Las locuras de Mas y compañía – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

La última ocurrencia de Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña y cabeza de la alianza de partidos independentistas, ha sido el desparrame de sus aspiraciones secesionistas por el continente europeo, y más específicamente entre los 28 miembros de la Unión, además de hacerlo también por 45 países más, a cuyos ministros de Asuntos Exteriores ha remitido una carta con la que trata de internacionalizar el problema catalán y, al tiempo, explica la negativa del Gobierno español para que el viejo Principado, apéndice histórico de la Corona de Aragón, pueda ejercer su derecho de autodeterminación mediante el correspondiente referéndum.

Llueve sobre mojado. Mas ya envió hace unos meses a numerosos países un memorándum sobre las reivindicaciones catalanas, en el que ofrecía su punto de vista -falso y sectario, porque tergiversa la historia al afirmar que Cataluña fue Estado independiente- tras colocar al Gobierno central en el disparadero de la intolerancia y la incomprensión por no permitir que el pueblo catalán exprese su voluntad, que él mismo dice recoger y que califica de “mayoritariamente partidaria de la ruptura con España”.

El problema de Mas y compañía es que se saltan la ley a conveniencia. Claro que se puede solicitar un referéndum, e incluso cabría la posibilidad de que Cataluña se independizara en su día. Pero antes habría que reformar la Constitución, que taxativamente proclama en su artículo segundo la “indisoluble unidad de la nación española”, en tanto el primero señala que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, no en una parte de él. Esa es la legalidad, no la que inventan los independentistas catalanes.

Tampoco interesa a los soberanistas deslindar dos campos que no son iguales a la luz de la legalidad internacional: el derecho de secesión y el derecho de autodeterminación. El primero no está recogido en ninguna norma supranacional y tan sólo se plasma en dos o tres constituciones (una fue la de la Unión Soviética le costó su propia desaparición), no en la española. Sobre la autodeterminación cabe apuntar que se trata de un derecho reconocido a todos los pueblos, no sólo los sometidos a dominación colonial u oprimidos, como apuntan las Resoluciones de Naciones Unidas números 1.514 y 2.625. Sin embargo, ambas Resoluciones contemplan expresamente el respeto a la integridad de los Estados.

La primera citada, de 24 de diciembre de 1960, señala textualmente en su punto seis de la declaración final: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. En cuanto a la Resolución 2.625, de 24 de octubre de 1970, el anexo final recoge en su penúltimo párrafo que “ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes… dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”. Es lógico que existan estas cautelas porque la autodeterminación, el derecho a decidir o como quiera definirse el afán de independencia debe tener también sus justos límites porque si no el mundo en general viviría una desestabilización permanente ante el riesgo de desintegración de los estados y la falta de respeto al ejercicio de su soberanía.

Esto es lo que tratan de olvidar siempre los independentistas. Y así ocurre también con los desnortados, y casi siempre delirantes, editoriales del periódico El Día, que, aparte su falta de rigor y consistencia, eluden la legalidad nacional e internacional y efectúan propuestas inviables que, además, no responden en absoluto al sentir popular. Según las encuestas más recientes y fiables, en Cataluña apenas sobrepasa el 35% el sentimiento independentista entre la población, mientras en Canarias no llega ni al 7%. Conscientes de esta realidad, los nacionalistas catalanes van a sacarse de la manga una ley, que estaba en trámite parlamentario pero decayó al concluir la legislatura anterior, sobre consultas populares, a cuyo amparo pretenden convocar el referéndum independentista el 9 de noviembre próximo, una vez que el Gobierno de Rayoy adelantase que no autorizará, como único órgano competente para ello, la celebración de una consulta con fines secesionistas. El Gobierno de la Generalitat trata de mantener encendida la llama del conflicto y de presentarse como víctima de la incomprensión del Ejecutivo nacional. Así que no faltarán los actos de masas, las demostraciones soberanistas, las recogidas de firmas, las manifestaciones públicas, la propaganda interna y externa, la politización desmedida de cualquier desencuentro con Madrid, toda la escenificación propia del independentismo irredento, antidemocrático, insolidario, excluyente y despótico. Todo vale con tal de mantener la tensión y el juego de intereses. Y a la cabeza de este movimiento, el ciudadano Artur Mas, el máximo y legal representante del Estado en Cataluña; un Estado al que el propio presidente de la Generalitat trata de destruir pese a que apoya, ampara y financia generosamente a su comunidad autónoma. Lo que ya no puede hacer es avalar sus más de 50.000 millones de deuda, de ahí los aprietos y los problemas de financiación para afrontar el despilfarro y la corrupción de tantos decenios.

No hay en Europa ni en otros continentes un solo país, una sola nación, un solo Estado que se haya solidarizado con las pretensiones secesionistas catalanas, ni siquiera desde territorios que aspiraron o pretenden la independencia, como Quebec y Escocia. Tampoco el PNV, viejo aliado de CiU, ha hecho gestos en apoyo del referéndum o la independencia catalana. Escaldados tras el fiasco del Plan Ibarretxe, más pragmáticos e inteligentes, los nacionalistas vascos prefieren ensanchar el autogobierno y seguir dentro de España, donde, como los demás pueblos de la vieja piel de toro, pueden sentirse cómodos y gestionar sus propios asuntos en un confortable margen de libertad y con un nivel de competencias similar, si no superior, al de un Estado federal.

Hasta ahora, todas las iniciativas de la Generalitat y los partidos independentistas -salvo la declaración del Parlamento sobre la soberanía jurídica y política de Cataluña, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional- tienen marcado carácter político, no administrativo y, a juicio de constitucionalistas y expertos jurídicos, no son recurribles ante ninguna instancia. Por tanto, y pese al contumaz y sistemático ejercicio de deslealtad institucional, habrá que esperar a la llegada de los acuerdos administrativos. Y será ahí donde a Artur Mas y sus amigos les esperará la ley. Para exigirles las responsabilidades que correspondan en Derecho. Porque sus pretensiones carecen hoy por hoy de viabilidad constitucional. Y nadie se irá de rositas si caen en la ilegalidad, que será lo que venga después de tantas afrentas, tantas provocaciones y tanto tensar la cuerda.

En cuanto a la amenaza de celebrar unas “elecciones plebiscitarias” si no se permite el referéndum, o de proclamar la independencia unilateral de Cataluña, saben los nacionalistas catalanes cómo acabaron intentos similares en el propio Principado. Los desafíos al Estado, los intentos de secesión, la sedición y la violación del orden legal suelen pagarse ante los tribunales de justicia y, si luego procede, en la cárcel. Lo que sucede en Cataluña no es ninguna broma, porque está cuarteando la convivencia ciudadana con el riesgo de que se produzca un grave conflicto social, además de afectar a la vida económica, comercial, deportiva, cultural, etc. con distintos grados de incidencia, según las circunstancias. La mismísima prima de riesgo y el crédito internacional de España pueden sufrir directamente los efectos desatados por las irresponsabilidades de la dirigencia política nacionalista. Otra culpa más, y no menos desestabilizadora que todas las anteriores.