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Más de 12.700 dependientes aún esperan cobrar la ayuda reconocida

   
Una auxiliar traslada a un mayor dependiente.JPG

Miles de dependientes canarios esperan el pago de su prestación. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

En vísperas de lo que muchos denominan ya como una “derogación” de facto de la conocida como ley de dependencia, más de 12.700 personas en Canarias se encuentran en estos momentos a la espera de recibir una prestación por poseer alguno de los grados que establecen los dictámenes que barema y determina el sistema.

En concreto, según los datos contabilizados a 31 de diciembre de 2013 por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en la actualidad en el Archipiélago hay 24.153 personas beneficiarias con derecho a una prestación, lo que supone un 82,14% en relación a los dictámenes realizados. Sin embargo, según este mismo informe, hasta finales del año pasado solo había en las Islas un total de 11.414 dependientes percibiendo alguna ayuda, lo que deja a 12.379 ya valorados sin cobrar todavía la prestación. En relación a la población de las comunidades autónomas, Canarias continúa estando a la cola en cuanto al porcentaje de dictámenes emitidos, aunque también es la región donde menos solicitudes hay registradas (un total de 40.339 en 2013). Y es que, en términos globales, el Archipiélago es junto a Aragón la comunidad con la ratio más baja de prestaciones por persona beneficiaria (1,00), lejos de la media nacional (1,25) y mucho más de regiones como La Rioja (1,51), Castilla-La Mancha (1,37) o Andalucía (1,36). En su último resumen estadístico, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también expone que la mayor parte de los dependientes canarios valorados son de grado III (11.949), más del 40% del total de dictámenes emitidos (29.403).

Respecto a los beneficiarios con ayuda, la mayoría la perciben por cuidados familiares (5.573 personas, un 48,65%), mientras que el resto tienen atención residencial (2.761, un 24,1%) o están en centros de día o de noche (2.704, un 23,6%). Paradójicamente, se da la circunstancia de que entre las personas residentes en el Archipiélago que perciben una ayuda por dependencia, no hay ninguna en la actualidad que reciba prestación por teleasistencia, ayuda a domicilio ni por asistencia personal. El Ministerio, no obstante, deja claro que el número de personas con prestación reconocida varía con frecuencia, como consecuencia de la nuevas incorporaciones al sistema y de las bajas que se han producido. En este sentido, según informó la Consejería de Políticas Sociales en dos respuestas parlamentarias el año pasado, en la Comunidad Autónoma de Canarias el promedio de meses que transcurren desde la solicitud de prestación hasta la resolución del reconocimiento, esto es, la aprobación del programa individual de atención, es de 22,2 meses, casi dos años de media.

Por islas, los solicitantes de Fuerteventura, con 23,5 meses, encabezan el tiempo de espera. Le siguen los residentes en La Palma (23 meses), Tenerife (22,7), La Gomera (21,8), Gran Canaria (21), El Hierro (20,3) y Lanzarote, la isla mejor posicionada, con 17,6 meses. La espera media, según la Consejería, es de 11 meses.

El Plan de Salud obvia las camas

Los colegios profesionales del ámbito sociosanitario integrados en la Unión Profesional de Canarias (Upcan), denunciaron ayer que el supuesto uso indebido de las camas hospitalarias “no se contempla” en el III Plan de Salud promovido por el Ejecutivo autonómico.

En una nota, la Upcan señaló que el problema al que hizo mención Paulino Rivero “es solo el síntoma de un problema más grave, que es que el modelo sanitario canario se tambalea y exige una reestructuración”. “La situación que se describe ahora, aunque no nueva, es consecuencia de la deficiente protección existente en las Islas en la atención a las personas dependientes, más patente si cabe cuando estamos asistiendo al desmantelamiento silencioso de la llamada ley de dependencia, a la que una y otra vez se ofrece respaldo pero, no parece, los suficientes esfuerzos técnicos ni presupuestarios”, recalcaron las mismas fuentes de Upcan, que aglutina a una veintena de colegios profesionales de toda Canarias y que representa a más de 12.000 colegiados.

La entidad se ofrece a “colaborar en el análisis de los cambios que precisa el modelo y en la concreción de los requerimientos sociosanitarios actuales”.