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Los cabildos discrepan del límite legal al número de cargos públicos con sueldo

   
Carlos Alonso, Casimiro Curbelo, Alpidio Armas/ DA

Carlos Alonso, Casimiro Curbelo, Alpidio Armas/ DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Los presidentes de los cabildos de Tenerife, La Gomera y El Hierro han mostrado su escepticismo con la restricción del número de cargos públicos a sueldo que impone a los ayuntamientos y cabildos la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al considerar que en algunas instituciones públicas puede crear problemaS, dada la dificultad de que concejales o consejeros sin dedicación exclusiva puedan compaginar sus trabajajos particulares con sus funciones públicas.

El máximo mandatario del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), opina que con esta ley, en vigor desde el lunes, “se ha buscado un cabeza de turco en quienes cobran un sueldo por la gestión pública, cuando eso no es lo verdaderamente importante, sino que gestionen bien y con más transparencia, y que estén los mejores” en esos puestos. “Limitar el número de personas que cobran sueldo por gestionar los servicios públicos no arreglára nada, aunque sí estoy de acuerdo en poner lìmite a los mandatos en que se puede ocupar un cargo”, señala Alonso.

El gobernante insular tinerfeño reconoce que “la propia clase política ha contribuido a que la gente piense que parte de los políticos se aprovechan de su situación y que son corruptos, porque es verdad que hay bastantes malos ejemplos de políticos que no han actuado correctamente, pero también son muchos los que se dedican a la gestión pública con honestidad”.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (PSOE), advierte incluso de que “al final solo se podrán dedicar a la tarea pública los ricos, los que tengan su vida económica resuelta, pues sin una compensación económica un profesional no va a dejar su sueldo si no tiene una compensación similar”. Es más, Curbelo previene de que, con la nueva ley, en algún municipio de su isla, como Agulo, solo podría estar liberado el alcalde, y en Vallehermoso, Hermigua y Alajeró dos -el alcalde y otro concejal-, con lo que se pregunta si solo dos personas con dedicación exclusiva pueden atender solos de forma eficaz los asuntos de esos municipios. En cuanto al Cabildo de la Isla Colombina, cree que no habrá problema en este sentido, pues con la nueva normativa y en función de la población insular, esta corporación podrá tener entre 9 y 10 consejeros liberados, como en la actualidad.

El presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas (PSOE), va más allá, y augura que “habrá incluso dificultades para confeccionar las listas electorales”, porque no se encontrarán personas que estén dispuestas a dedicarse a la política a tiempo completo sin cobrar nada. “¿Quién se presenta a unas elecciones poniendo el riesgo su trabajo para no cobrar nada?”, se pregunta, si bien aclara que, a su juicio, “el 90% de quienes están en política no lo está por dinero, pues yo mismo gano más fuera que dentro”. “En algunas instituciones, con esta ley, se restringirá mucho la dedicación que los vecinos van a tener por parte de sus representantes, tanto en tiempo como en energías”, pronosticó.
En el caso de la corporación insular de la Isla del Meridiano, Armas señala que la nueva normativa estatal permitirá sólo tres consejeros liberados, es decir, cuatro menos que ahora, si bien, por diversas circunstancias, de los siete con dedicación exclusiva, cuatro no cobran su sueldo del Cabildo: el propio Armas porque percibe su salario del Parlamento regional, al ser diputado, así como la consejera de Seguridad y Emergencia, Carmen Rodríguez (PP), que también es diputada autonómica; y los dos vicepresidentes, que cobran de la Consejería de Educación, según detalló el mandatario herreño.

La recién estrenada ley estatal establece unos límites en el número de cargos con dedicación exclusiva en función del número de habitantes. Así, para un municipio con menos de mil almas censadas, ningún cargo electo podrá percibir sueldo, y si tiene entre 1.001 y 2.000 habitantes, solo uno podrá cobrar del erario público a tiempo completo. En el caso de los municipios de hasta 3.000 habitantes, podrán tener dos concejales liberados; entre 3.001 y 10.000 habitantes se autoriza cobrar sueldo a tres ediles; si no se superan los 15.000 moradores, cinco podrán tener dedicación exclusiva. La progresión continúa así hasta un máximo de 20 concejales liberados en Canarias, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, al estar su censo en la franja de entre los 300.001 y 500.000 personas.

En los Cabildos, según la nueva legislación “el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva se determinará en función del siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de Cabildo, y en las de menos de 800.000 habitantes el 60% de los cargos electos en cada Cabildo”.