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La nueva ley de administración local afecta a los servicios sociales de todos los municipios

   

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local afecta por igual a todos los ayuntamientos, independientemente de cuál sea su número de habitantes, en cuanto a la obligación de que la titularidad de la competencia de servicios sociales, hasta ahora municipal, pase a manos del Gobierno canario dentro de dos años.

El lunes, este diario publicó unas declaraciones del consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, en las que tacha de “disparate” esta medida y anuncia que el Ejecutivo regional buscará fórmulas jurídicas para que ningún municipio se quede sin esa competencia, aunque la noticia se centraba en el caso de los de menos de 20.000 habitantes, pues son los que más autonomía pueden perder, al quedar bajo la coordinación de los cabildos en una serie de servicios públicos y tener que depositar en las administraciones insulares la recaudación tributaria, la administración electrónica o el seguimiento de planes económico-financieros.

La intención del Gobierno canario es, por tanto, no privar a ningún ayuntamiento -sea grande, mediano o pequeño- de la gestión de los servicios sociales, ya que son la administración más próxima al ciudadano, y para ello delegará de nuevo esta competencia a las corporaciones municipales, una vez la Comunidad Autónoma asuma su titularidad por imperativo legal.

Una asunción que ocurrirá el 31 de diciembre de 2015, según el plazo dado en la disposición transitoria segunda de la ley, cuando además los gobiernos regionales asumirán los servicios de promoción y reinserción social. Sin embargo, esta nueva norma deja abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas deleguen estas competencias en los ayuntamientos, que es la vía que Hernández Spínola apunta para que las cosas sigan como están ahora, asegurando, eso sí, el equilibrio financiero.