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La potencia sí importa

   
Imagen de un instalador eléctrico frente a un contador. | DA

Imagen de un instalador eléctrico frente a un contador. | DA

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

La propuesta del Gobierno de Canarias de reducir la potencia energética a coste cero para ahorrar en la factura de la luz no ha estado exenta de polémica. Valorando la bondad de la iniciativa de la consejera de Industria del Ejecutivo regional, Francisca Luengo, lo cierto es que para los consumidores el ahorro no es tan elevado y las complicaciones, de no asesorarse adecuadamente, pueden ser muchas.

El constante incremento del recibo de la luz de los últimos años, con la excusa de que hay que liquidar el déficit tarifario, así como las futuras subidas es una de las principales razones por las que Luengo decidió la pasada semana recomendar esta medida para aquellos consumidores que tengan contratada más potencia de la que utilizan.

“En el escenario en el que nos encontramos”, declaró la consejera, “con una crisis alcista en el precio de la luz, todas las fórmulas que tomemos serán pocas ante la que se nos viene encima si el Ministerio no es capaz de frenar esta escalada de precios”.

Dicho esto, y más allá de considerar “muy positiva” esta iniciativa, Asinelte, la Asociación de Instaladores de Electricidad y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife ha insistido en que los consumidores deben “asesorarse muy bien” antes de solicitar un cambio de potencia.

José Francisco Rodríguez de Dios, presidente de la asociación, explicó, por ejemplo, que si se opta por reducir la capacidad energética “esta no se podrá volver a recuperar hasta dentro de un año, salvo pagando” y que el ICP (el interruptor de control de potencia) puede verse afectado si salta de forma frecuente.

Este mecanismo, que exigen todas las comercializadoras precisamente para no consumir más de lo contratado, está preparado para saltar 3 o 4 veces al año, como mucho, “por lo que si lo hace en más ocasiones se podría acortar la vida útil del mismo y, además, poner en peligro la instalación eléctrica de la vivienda, así como los aparatos eléctricos conectados que son sensibles a los picos de corriente (ordenadores, microondas o televisiones)”.

Además, detalló Rodríguez, las viviendas nuevas, de unos cuatro años, tienen en el ICP un controlador de tensión que protege la instalación. “Si esta salta más de tres veces pierde su utilidad y hay que reemplazarlo”. Por este motivo, el presidente de la patronal de instaladores destacó que es “muy importante” analizar, por parte del consumidor, si puede adaptarse a la reducción de la potencia eléctrica o esta, al final, le supondrá un trastorno, entre reparaciones y costes. “Cada cliente tiene que analizar de forma individualizada su situación personal y comprobar si le compensa el ahorro o no”.

De hecho, Rodríguez calculó que en una vivienda de menos de 10 años, con una potencia contratada de 5,5 kilovatios y con consumidores con una elevada educación energética (luces de bajo consumo y orden a la hora de utilizar los aparatos electrónicos), si se reduce a 4,4 kilovatios la capacidad eléctrica, el ahorro al mes sería de unos 2,30 euros, unos 36 euros anuales. “Cada uno conoce su bolsillo y decidirá si compensa el ahorro con las incomodidades que puede traer una reducción de la potencia sin ser estudiada por profesionales”.

Rodríguez recordó, además, que hay una cuestión que no debe pasar por alto y son los reglamentos, tanto de la propia consejería como de las compañías distribuidoras, y es que para cualquier modificación del contrato es obligatorio adjuntar un certificado de un instalador autorizado que, evidentemente, también hay que pagar. La medida no deja de ser buena, pero es que infierno está lleno de buenas intenciones.

Francisca Luengo, consejera canaria de Empleo e Industria. | DA

Francisca Luengo, consejera canaria de Empleo e Industria. | DA

“Los instaladores deben colaborar”
Tras las declaraciones de la patronal de instaladores eléctricos, la consejera de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, aseguró que la medida “no lleva ningún peligro” y añadió que “será la compañía eléctrica la que garantizará que los hogares tengan la potencia adecuada de modo que ningún aparato se vea comprometido”.
Luengo recordó a la asociación de instaladores que en esta propuesta, el vínculo se establece entre la compañía suministradora, el abonado y el Gobierno de Canarias, “los instaladores son ajenos a estas decisiones”. Por ello, les pidió que “colaboren” y hagan más fácil este proceso “para ayudar a las familias que no pueden hacer frente al pago del recibo de la luz”.
En este sentido, explicó que la comercializadora prestará “gratuitamente” la asistencia técnica necesaria para aquellos que lo soliciten con el fin de que la potencia se ajuste estrictamente a sus necesidades o advierta claramente de sus limitaciones. “El asesoramiento debe incluir la posibilidad de acogerse a tarifas con discriminación horaria”. Además, la compañía podrá instalar nuevos contadores a los abonados que soliciten esta reducción sin coste alguno.
Debe saber que…
Abonados. En Canarias existen 1,27 millones de abonados a las compañías eléctricas. De esta cifra, el 68% (863.624 personas) pertenecen a la Tarifa de Último Recurso (TUR), que se ven afectados directamente por la subida trimestral de la luz. Además, el 9,97% (126.624 personas) están en el tramo de Bono Social y el 22,07% están en el área de Mercado Libre.

Hogares. No podrán adherirse a esta medida los hogares con una potencia contratada ajustada y los usuarios que estén en el escalón previo al Bono Social.

Solicitud. Los interesados deben dirigirse a la compañía con la que tengan suscrito su suministro eléctrico que, de forma gratuita, prestará el asesoramiento adecuado para analizar si la vivienda puede o no sumarse a esta medida. Este asesoramiento, además, debe incluir la posibilidad de acogerse a tarifas con discriminación horaria.

Nuevos contadores. En caso de aceptar la solicitud, la compañía suministradora tendrá que instalar nuevos contadores a los abonados sin coste alguno.

Asinelte. Los instaladores valoran la propuesta pero insisten en que el consumidor debe asesorarse antes y analizar si el ahorro final compensa un “posible” trastorno en la reducción de la potencia eléctrica, como por ejemplo, los cambios del ICP o posibles daños en la instalación eléctrica y aparatos eléctricos por las subidas de potencia no calculadas.

Buen uso energético. Asinelte propone otras medidas como campañas de concienciación energética, por ejemplo, en los centros escoales para crear una cultura del buen uso energético, como exige Europa. Dentro de esta cultura de eficiencia energética plantean el uso de bombillas de bajo coste, el uso alternativo de los aparatos eléctricos, así como los electrodomésticos eficientes.