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Ni para pagar el alquiler social

   

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“De los 17.000 alquileres sociales que el Gobierno mantiene a través del Instituto Canario de la Vivienda y la empresa pública Visocan, alrededor de 12.000 de ellos, o sea el 70%, tienen problemas con el pago, el resto pagan desde 2 y 90 euros de alquiler social”. Son los dramáticos datos desvelados ayer por la consejera de Vivienda, Inés Rojas, en comparecencia parlamentaria.

Comoquiera que a la par anunció que ninguno de los 73 desahucios ejecutados desde el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) o la empresa pública Visocan ha sido por impago, el resultado es que el Gobierno de Canarias mantiene en sus casas a esos 12.000 vecinos aunque no pagan, en lo que se antoja toda una política de contención para evitar algún tipo de estallido social en los barrios más desprotegidos de las Islas y, en todo caso, una medida humanitaria de primer orden ante la crisis económica actual.

A instancias de la oposición, la consejera desglosó los datos de la gestión del parque público de viviendas protegidas en alquiler y precisó que “una cosa es que haya un expediente de desahucio y otra cosa es que se produzca el desalojo efectivo”.

Lo cierto es que el PP acusa al Ejecutivo de abrir unos 700 expedientes de desahucio desde 2008, pero se quedaron cortos. Los datos de la Consejería elevan esa cifra a aproximadamente el doble, ya que unos mil han sido abiertos por el ICAVI y más de 550 por Visocan. “Es cierto que se han abierto expedientes administrativos -puntualizó Rojas- pero como única medida para conocer la situación real de las familias. Cuando se produce el impago, la administración no puede saber cuál es la causa. Estamos hablando de 17.000 alquileres. Si después de notificarles la familia no responde, tenemos que iniciar el expediente de desahucio. Una vez vistas las causas y cada situación, el desalojo se hace efectivo o no. Tengan en cuenta que de los 3.409 expedientes de desahucio en cuatro años en el ICAVI y Visocan tan solo se han hecho efectivos 77, y ninguno por problemas económicos sobrevenidos”.

“La directriz [ojo a la referencia a que se trata de una orden política] es que ninguna familia sea desalojada si no puede pagar, pero si puede hacerlo y no lo hace se producirá el desalojo porque hay muchas familias que realmente no pueden pagar y no tenemos viviendas para todas. Además, también Visocan establece prioridades y estas son las familias con hijos a cargo o con personas con discapacidad en la unidad familiar. Esas son las directrices y se están cumpliendo”.

Las cifras son las siguientes. De los 12.000 alquileres sociales del ICAVI, 9.600 tienen problemas de pago, y de ellos en los últimos cuatro años se abrieron 1.089 expedientes por impagos, 203 por viviendas desocupadas y 436 por ocupaciones ilegales. Al final se produjeron 31 desahucios efectivos, ninguno de ellos por impago. En cuanto a Visocan, gestiona 5.042 alquileres, de los que casi 2.200 tienen problemas por impagos. En estos cuatro años se han abierto 565 expedientes de desahucio, de ellos solo se han hecho efectivos 42.