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La alcaldesa de Güímar estudia querellarse contra dos policías nacionales

   
Carmen Luisa Castro

Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar. / SERGIO MÉNDEZ

NORBERTO CHIJEB | Güímar

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), tras consultar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, estudia la interposición de una querella, por sus declaraciones en distintos medios, contra dos policías nacionales, a los que se les impuso una multa por no respetar la señalización de prohibido el paso y otra por alteración del orden público durante la procesión en las fiestas de Santiago Apóstol, en El Puertito, en julio de 2013.

Los dos policías afirman haber presentado, el pasado viernes 7 de febrero, una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa, la técnica de Sanciones y la secretaría general, aunque no consta comunicación alguna del Juzgado en el Consistorio. Los hechos, según relatan desde el Consistorio, se remontan al 25 de julio de 2013 cuando, con ocasión del corte de tráfico que se produjo para la celebración de la procesión durante las fiestas de El Puertito, la policía local advierte al conductor de un vehículo que no puede pasar, a lo que este se opone, invocando su condición de policía nacional, al igual que otro de los ocupantes del vehículo, y sostiene que la orden solo le podía venir dada de un oficial y no de un agente, advirtiendo que falta media hora para el inicio de la procesión. Ello determinó la imposición de dos multas, una por no respetar la señalización de prohibido el paso y la otra, por no atender las órdenes dadas por la policía local.

Según informa Marisa Santos, secretaria municipal, cualquier ciudadano que es multado está perfectamente legitimado para formular cuantas reclamaciones y recursos considere necesarios en defensa de sus derechos, y son los tribunales quienes resuelven finalmente.

Lo que no se considera apropiado, viniendo de un agente de seguridad del Estado, es prejuzgar los hechos como un delito de prevaricación, por la imposición de dos multas que obedecen a dos hechos, en principio, totalmente diferentes, como consta documentado en el correspondiente expediente y dentro de los informes emitidos por los servicios jurídicos.

Todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a estos ciudadanos de recurrir la imposición de tales multas, como lo pueden hacer el resto de vecinos, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna por el cargo que se ostente, y si se tiene la condición de policía, se entiende que se debe ser aún más exquisito en el cumplimiento de las órdenes de otros agentes.

Castro, que dijo sentirse indignada ante la denuncia por presunta prevaricación, manifestó ayer que “estos señores, unos días después del incidente de El Puertito, se edificaron como policías y expusieron los hechos, se les atendió correctamente y se les hizo saber que no correspondía a la alcaldesa hacer una valoración distinta de los hechos, pues los servicios jurídicos consideraron que se habían cometido dos infracciones diferentes”, afirmó.