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Aprobado el despido de cinco docentes de la Universidad Popular

   
La sede del CEPA está ubicada en Universidad Popular Francisco Afonso, de Puerto de la Cruz. / MOISÉS PÉREZ

La Universidad Popular Francisco Afonso ya no impartirá los cinco cursos de oferta propia. / MOISÉS PÉREZ

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

El pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz aprobó el viernes la supresión de los cinco cursos de oferta propia de la Universidad Popular Francisco Afonso y como consecuencia, la extinción de los contratos de trabajo de los cinco profesores que los imparten.

De este modo, a partir del día 18 de este mes se dejarán de impartir clases de cerámica, informática, alfabetización, español para extranjeros, yoga y cerámica para personas con discapacidad, dado que los cursos son cuatrimestrales. No obstante, en el último caso se ha cambiado el modelo de gestión y el servicio será impartido por la Asociación Canaria de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFES).

Esta decisión, que contó con los votos favorables del grupo de gobierno (CC-PP) y el voto en contra de los socialistas (PSC-PSOE) y Vecinos por el Puerto (VxP), se debe a las medidas que se han tenido que adoptar en el marco del Plan de Ajuste para luchar contra la morosidad en las administraciones públicas.

Como es costumbre en los plenos portuenses, este asunto generó una gran polémica entre Gobierno y oposición, a excepción del edil de IUC que no estuvo presente. Fue el portavoz de VxP, Jaime Coello, quien dio el puntapié inicial y reprochó al equipo de gobierno no haber contemplado otras alternativas como la redistribución de los docentes o la limitación de los salarios más altos. “No hay un solo argumento sobre la mesa para despedirlos cuando hay otros trabajadores que le cuestan más dinero al Ayuntamiento y no los echan”, insistió.

La oposición le reprocha al gobierno no haber contemplado otras alternativas

Coello consideró que este asunto “debería ser objeto de una comisión de investigación por las múltiples implicaciones que tiene con familiares del Gobierno y de la corporación”. Una acusación de la que salió al paso Sandra Rodríguez quien la calificó de “muy grave” y por lo tanto, le pidió a Coello que la retirara pero este se negó.

El edil del PSOE Marco González se expresó en la misma línea que Coello. Así, le espetó a CC-PP que le haya negado a la oposición la participación en la comisión correspondiente para poder aportar ideas. “No nos pueden reprochar que no hemos tendido la mano. Aprobamos en diciembre un aumento de las tasas para mejorar las prestaciones y dos meses después se despide a los profesores”, sostuvo.

Rodríguez defendió la decisión adoptada por CC-PP, “pese a que no es del gusto del Gobierno, que actuó con los informes en la mano y cumpliendo la legalidad vigente”.

El alcalde, Marcos Brito, apoyó a su compañera de gobierno: “Esta medida se podría haber hecho el año pasado y se intentó aguantar, pero no se puede defender algo que perjudique al resto de ciudadanos”, declaró.

En otro orden, el regidor local anunció que el Ayuntamiento propondrá a la Consejería regional de Educación que mantenga el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) en la Universidad Popular, donde funciona desde que fuera desalojado de las aulas prefabricadas que se encontraban ubicadas en solares del polígono de El Tejar, pese a que se aprobó su traslado a cambio de que este último departamento abone una cuota al Ayuntamiento que ayude a mantener el edificio.

Por último, la concejal de Bienestar Social, Emma Mesa, renunció en el pleno a su dedicación exclusiva en el área “por motivos estrictamente personales”, aunque seguirá de forma parcial. En este sentido, Coello preguntó al alcalde si reestructurará el organigrama municipal dado que esta área requiere mucho tiempo de trabajo, pero éste le contestó que por el momento no lo contemplaba. “En el futuro no se sabe”, declaró Marcos Brito.