X
economía>

Azar fuera de control

   
Un hombre juega a las máquinas tragaperras. | DA

Un hombre juega a las máquinas tragaperras. | DA

MARÍA FRESNO| Santa Cruz de Tenerife

Los juegos de azar son actividades en las cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador, sino exclusivamente de la fortuna. Es el caso de la lotería, el bingo y la quiniela. Hay otros en los que el premio está determinado por la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida. Es decir, mientras menores sean las probabilidades de obtener la combinación correcta, mayor es el premio.

Las máquinas tragaperras son un claro ejemplo donde la probabilidad juega un papel fundamental. Pero también las hay programadas, y estas se miden en función de una especie de memoria Eprom que, alojada en el interior de la máquina, almacena la programación de las secuencias de juego. Esta especie de chip, por ley, debe ser verificado cada cuatro años para comprobar que el programa de juego no ha sido manipulado. A día de hoy, en Canarias esto no se ha hecho nunca, lo que significa que las 12.000 máquinas que hay instaladas en las Islas, según la dirección general de Industria, no han sido verificadas.

La verificación de esta memoria es obligatoria, según la orden ITC/3748/2006, de 22 de noviembre, cada cuatro años o cuando la máquina se avería. Estos chips se alojan en el interior de la tragaperra cuando el operador la adquiere y en él tienen grabado el programa de juego que le dice a la máquina cómo es la secuencia de juego. Por ejemplo, cada 40.000 jugadas de 0,20 céntimos la máquina tiene que haber dado el 75% del premio. Si no es así, lo más probable es que dicho programa de juego esté trucado.

La verificación consiste en comparar bit a bit la memoria alojada dentro de la máquina con la copia que el fabricante ha depositado en la Inspección de Juego, dependiente de la Consejería de Presidencia. Una vez comprobado que el programa de gobierno de la máquina no ha sido manipulado, se vuelve a colocar la memoria en la máquina. Se precinta, y se coloca una etiqueta visible en la que se informa al usuario de que dicha máquina ha sido verificada y, por tanto, se asegura que no ha sido trucada. En el caso de que haya alguna anomalía, la tragaperra queda automáticamente fuera de servicio. Esta operación se repite igualmente cuando la máquina sufre alguna avería.

Esta actividad debe realizarla una empresa autorizada legalmente por la comunidad autónoma de Canarias que es quien tiene las competencias. Desde mayo de 2013, el organismo autorizado para realizar las verificaciones metrológicas de contadores incorporados a máquinas recreativas y de azar de tipo B y C es el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Tiene los equipos para empezar a efectuar el servicio y el personal necesario formado para trabajar en esta materia en todo el Archipiélago. Sin embargo, a fecha de hoy estas verificaciones no se han iniciado.

Desde la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, el jefe de servicio de desarrollo industrial, Antonio Carlier, asegura que está todo preparado para comenzar las inspecciones pero falta que desde la Inspección de Juego se les deje acceder a los patrones de los programas de juegos, sin los cuales no se puede realizar la verificación correspondiente.

A pesar de que la legislación que obliga a la verificación es del año 2006 y de que el ITC tiene la autorización para realizar estas inspecciones, las verificaciones no se han realizado. Esto ha provocado, según fuentes de la Dirección General de Industria, algunas denuncias de usuarios que han visto cierta “manipulación” en las tragaperras. El objetivo de la ley de 2006 es la defensa del consumidor y “de que se de el premio cuando realmente se tiene que dar”. Por ello, estas fuentes aconsejan comprobar que las máquinas tienen toda la documentación en regla, incluida la etiqueta que certifica su verificación.

El hecho de que no se realicen este tipo de inspecciones lleva aparejado el que tampoco haya sanciones a los operadores que, al igual que ocurre con las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) deben pagar por la verificación.La legislación de juego actual que data de 1985 fija las sanciones en leves y estas no sobrepasan los 1.000 euros. Carlier espera que el nuevo documento, que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados, eleve las sanciones y que sean más persuasivas.

Lo cierto es que la verificación de las máquinas recreativas, además de constituir una obligación legal, podría resultar una importante fuente de ingresos para el ITC que preveía ingresos en torno a los 300.000 euros anuales. Dada la actual situación que atraviesa el Instituto, este dinero podría mejora la dramática situación por la que pasaron hace unos meses los trabajadores del organismo. En este punto, desde la asociación provincial de máquinas recreativas (Apemate) se indica que están pendientes de que se adapte el reglamento. Su presidente, Juan Ferrer declaró que en absoluto “se oponen” a las verificaciones y que no pondrán ningún impedimento.

No obstante, es cierto que hay algunos operadores y fabricantes de máquinas recreativas que aseguran que las tragaperras no duran tanto.

Premio gordo
Un premio gordo se llevaron los trabajadores del ITC cuando sonó la musiquita del acuerdo por el que la empresa de titularidad pública, de referencia en investigación y desarrollo, salvaba su integridad y evitaba la ejecución del ERE. Es una recompensa a la constancia de la plantilla, que se rascó los bolsillos después de años de penuria y de meses de pesadilla en medio de unos sueños de los que han despertado con alegría.

Según los cálculos del Gobierno, el ITC ahorrará un millón de euros a través de una lineal reducción salarial de los 165 empleados de hasta un 10% en todos los conceptos recogidos en el convenio colectivo. Los directores de división afrontarán un recorte del 16%.

Además, se elimina el cobro de dos de las cuatro pagas extraordinarias y el 2% de las ordinarias de mitad y final de año.  
 
Se mantiene la vigencia del complemento de consolidación del puesto de trabajo, al 50% y se congela el plus de transporte. Las medidas se aplicarán este año y en 2015. Quedaría pendiente de incorporar los 500.000 euros ofrecidos por el Cabildo de Gran Canaria, a lo que habría que añadir la aportación del Ministerio de Industria vía encomiendas.

El Instituto Tecnológico de Canarias se fundó en 1992. Está adscrito a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Sus competencias se inscriben en los campos de la investigación, el desarrollo y la innovación, en el ámbito regional, con el objetivo de “inspirar el avance tecnológico para la mejora de las condiciones y calidad de vida del entorno social, y apoyar el desarrollo integral de Canarias a través de la ejecución de prácticas y proyectos relacionados con la I+D+i”.

Da soporte a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), de la presidencia del Gobierno, para el desempeño de su “programa de actuaciones encaminado a fomentar y potenciar la innovación tecnológica en las empresas canarias e impulsar una economía basada en el conocimiento, sustentada en las capacidades de investigación y desarrollos tecnológicos” existentes.

Con sedes en Gran Canaria y Tenerife, el ITC gestiona la Red de Unidades de Promoción de Empresas (UPE) con presencia en todas las islas. El eje central de su actuación es “corregir determinadas carencias, como el desequilibrio de la estructura productiva, de materias primas y el sobrecoste que implica la lejanía de los mercados”.

Funciones
Las funciones del ITC cubren “aquellas actividades que impliquen un avance tecnológico a través de procesos de investigación y desarrollo”, así como “la impulsión y coordinación de la investigación aplicada a Canarias”. Junto a ello, se le encarga “el fomento del nivel de formación empresarial” de la Comunidad Autónoma, la asimilación de tecnología por parte de las empresas canarias para la mejoría de la competitividad, el apoyo a las iniciativas de mayor importancia estratégica, el aprovechamiento de esta tecnología en el modelo económico a fin de generar “un mayor crecimiento y bienestar social, prestar “todo tipo de servicios de asistencia tecnológica al empresariado y la comercialización de los productos que se deriven de los proyectos de este instituto.

Prueba de su prestigio internacional, la Comisión Europea financia un proyecto para la mejora de la capacitación de los clústers canarios. Es uno de los cuatro aprobados para la promoción de la excelencia y el único liderado por España.

Liberty Bell, la primera de todas
Las máquinas tragaperras tienen más de un siglo de existencia. Todo comenzó en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Tal como describe la página e.casino-lemonade, en los años 1890, un americano de origen alemán, Charles August Fey, se apasionó por las ruletas automáticas y decide construir un aparato que sirva para apostar dinero. Unos años más tarde finaliza su trabajo. Se trata de la primera máquina tragaperras mecánica de la historia. Su nombre es Liberty Bell. Supuso una revolución en comparación con los aparatos existentes en aquella época. Su éxito es tan fulgurante que Fey decide cederle las partes de su empresa a su socio para crear una nueva sociedad que, esta vez, será especializada en la fabricación de máquinas tragamonedas. Pero en 1905, un ejemplar de Liberty Bell es robado lo que permite a un nuevo fabricante, que analiza el aparato para comprender su funcionamiento, aparecer en el mercado. Así, el gran error de Fey resultó ser el de haber decidido conservar la exclusividad de la fabricación de estas máquinas en lugar de comercializar su patente. Hasta la fecha, el premio más elevado otorgado por un juego de azar se ha otorgado en EE.UU., en 1998, con 295 millones de dólares, que en esa ocasión fue repartido entre 13 operarios.