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Becas flacas – Por Francisco Pomares

   

El inicio de la crisis y la pérdida de puestos de trabajo produjo un leve aumento de las matriculaciones universitarias en Canarias hace unos años. El sistema era bastante generoso con la matriculación: obtenían becas el 60% de las que la solicitaban, sin contar otros mecanismos de exención en el pago de la matrícula, o de ayudas no contabilizadas directamente por la universidad, como las ayudas a la matriculación de los Cabildos, que cubren a la práctica totalidad de los estudiantes de islas periféricas. Entre unas cosas y otras, bastante más de la mitad de los alumnos matriculados en la Universidad no pagan tasas, un sistema que -junto a las becas para movilidad, manutención y hospedaje- permitió una relativa generalización del acceso a la enseñanza universitaria, convirtiéndola en un buen refugio en tiempos de crisis. Eso fue así hasta el curso pasado, cuando comenzaron las restricciones en la política de becas y los retrasos en los pagos, y la matriculación cayó un 6%. Este curso, la cosa ha empeorado: la caída en las matriculaciones es superior al 11%, en total hay 2.600 alumnos menos este año que el año pasado en la Universidad de La Laguna, y más de 400 de ellos se vieron obligados a anular su matrícula tras haberla realizado, utilizando el nuevo recurso de cancelación establecido por la Universidad. La tercera parte de los que han renunciado a la matrícula lo hacen porque no lograron cumplir el año pasado con los nuevos requisitos para ser beneficiarios de becas -requisitos más exigentes en materia de rendimiento académico- y deben por tanto devolver las ayudas recibidas. Pero la mayoría lo hacen porque la dotación de las becas llega con muchísimo retraso, a veces con el curso ya acabado, y las familias no están en condiciones de afrontar el adelanto de cantidades que -en el caso de estudiantes que no viven en Tenerife- pueden representar 400 o 500 euros mensuales. No se trata aquí de volver a discutir si las exigencias académicas establecidas para conceder becas son correctas o no lo son. El caso es que su impacto en la reducción de matriculaciones no ha sido tan grande: representa menos del uno por ciento del total. De lo que se trata es de reclamar de quienes exigen mayor rendimiento para conceder las becas -Ministerio y Consejería- también una mayor diligencia a la hora de abonarlas. Quizá haya que revisar en el futuro un sistema que ampara que sólo una reducida parte de los matriculados paguen sus tasas. Pero lo que no es aceptable es que un retraso evitable en la gestión de las ayudas esté alejando a centenares de buenos estudiantes de la Universidad.