Canarias ‘desafía’ al Estado con su normativa antidesahucios

Activistas de la PAH protestaron mañana y tarde ante el Parlamento canario durante el pleno. / FRAN PALLERO

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento canario, con el voto en contra del PP, dio ayer vía libre a continuar el trámite de la ley antidesahucios (modificación de la vigente sobre vivienda), que permite expropiar temporalmente, con justiprecio, pisos a bancos e inmobiliarias para evitar que familias pobres desahuciadas por ejecuciones hipotecarias se queden en la calle, al tiempo que penaliza las vacías.

En un Pleno que tuvo como sonido de fondo los pitos y las proclamas de una veintena de miembros la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ve insuficiente esta reforma legislativa, la mayoría parlamentaria (CC-PNC-CNC, PSOE, PIL y NC) rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el PP, que avisó de que esta futura ley la recurrirá y suspenderá el Gobierno estatal ante el Tribunal Constitucional, siguiendo el sino de las de Navarra y Andalucía.

La consejera de Vivienda, Inés Rojas (a la que en la calle la PAH pedía la dimisión), instó a esta reforma “con urgencia ya que evitará que las familias en riesgo de exclusión” pierdan su hogar,y, por otro lado, “movilizará el parque de viviendas desocupadas con el Registro de Viviendas vacías del mercado libre”, en el que es obligatoria la inscripción. Por ello la calificó de “una buena ley” y de “histórica”, pues recordó que entre 2008 y 2012 más de 10.000 familias han sido desahuciadas en Canarias, sin que el Gobierno estatal haya legislado a favor de la dación en pago.

Muy distinta es la visión del PP, cuyo diputado Felipe Afonso El Jaber tachó esta ley de “paripé” porque “no beneficiará ni a uno solo de los 37.000 demandantes de viviendas de protección oficial”. A su juicio, en las Islas “no hay problema de oferta de viviendas, sino de capacidad de pago de quienes las demandan, que lo que sí necesitan es ayudas para alquilarlas y más viviendas públicas”. El Jaber previno de que la ley es inconstitucional e “incumple la normativa de protección de datos, porque pretende ser un gran hermano para saber si una casa está vacía o no, invadiendo la intimidad personal”.

Igual de crítico fue Román Rodríguez, de NC, si bien apoyó que la iniciativa siga adelante “por razones ideológicas, no porque sea una buena ley, sino por sus buenos propósitos de parar los desahucios”, aunque confió en mejorarla con enmiendas, en especial con una alternativa para el caso de que el Constitucional la suspenda. En su opinión, “el Gobierno canario llega tarde con esta propuesta, al sexto año de iniciada la crisis, a pesar de ser una competencia autonómica”.

En respaldo del proyecto de ley, José Miguel Ruano (CC), defendió la expropiación a la banca porque se le han dado “42.000 millones públicos a cambio de nada” y aseguró que con esta modificación legislativa se atienden casos de familias afectadas por desahucios que la ley estatal no ampara.

Desde el PSOE, Guadalupe Jerez, propugnó las medidas previstas como “necesarias, pues la norma estatal ayuda a la banca, que siempre gana con el PP, y se sigue desahuciando”, y añadió que “en Canarias no se está cumpliendo la función social de la vivienda que proclama la Constitución”.