Cara a cara – Por Leopoldo Fernández

Albricias. Paulino Rivero y José Manuel Soria se han entrevistado en Madrid. Ya era hora. Tras meses de desencuentros, de hablar por personas interpuestas e incluso por boca de ganso, de enviarse mensajes subliminales y aun subterráneos, los dos políticos canarios fijaron un encuentro cara a cara, seguido de almuerzo, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Debería ser un gesto de normalidad democrática; pero resulta chocante y políticamente inaceptable que dos personajes públicos de la misma comunidad autónoma, que además han trabajado juntos por Canarias como cabezas visibles del mismo gobierno, hayan mantenido distanciamientos y encontronazos públicos inadmisibles durante prácticamente dos años y medio. Los diferentes puntos de vista, siempre legítimos si son ajenos al sectarismo, o la pertenencia a formaciones políticas diferentes, nunca deben ser motivo de enfrentamientos viscerales porque al final la gran perjudicada -por acción o por omisión- es la comunidad autónoma, y con ella la ciudadanía. Si la política es el arte de lo posible y en no pocas ocasiones en democracia las formas son tan importantes como el fondo, el presidente y el ministro han de corregir sus respectivos comportamientos, para iniciar -nunca es tarde porque rectificar es de sabios- una etapa de distensión y colaboración sinceras en favor de Canarias. Son tantos y tan graves los problemas que afectan a las islas que cualquier distracción en asuntos personales o debates inútiles puede resultar irreversiblemente perjudicial para los dos actores políticos, pero también, y sobre todo, para los intereses generales de los ciudadanos. Un empeño decidido de ambas autoridades debería propiciar acuerdos en asuntos capitales, como la lucha contra el desempleo y la pobreza; la revisión del REF -aún en negociación en Madrid y Bruselas-, el nuevo marco jurídico-político que va a determinar el futuro económico del archipiélago; la política energética, con las renovables como punta de lanza del nuevo modelo que precisan las islas; la modificación de las normas electorales, para hacerlas más justas y representativas; la puesta al día del Estatuto de Autonomía, etc. Un ministro canario en Madrid y un presidente del ejecutivo autonómico con sentido de Estado están obligados a colaborar estrecha y decididamente en favor de Canarias. Y en los puntos de desacuerdo -como las prospecciones petrolíferas y la modificación de las normas de construcción de hoteles de cuatro estrellas-, es mejor tender puentes que ahondar en abismos separadores. Y si persisten las dudas, pueden acudir a las instancias políticas y/o jurídicas correspondientes. Eso es lo que se espera de los hombres de bien.