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Un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Candelaria volverán a ser temporales

   
Un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Candelaria volverán a ser temporales

La mesa de negociación se ha reunido para buscar la fórmula de aminorar el daño a los trabajadores. / DA

NORBERTO CHIJEB | Candelaria

Más de un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Candelaria tendrán que regresar el 17 de marzo a la condición laboral que tenían en enero de 2010, a la espera de que el Consistorio convoque un concurso-oposición atendiendo a la igualdad, mérito y publicidad.

Esto es consecuencia de la anulación del plan de empleo que acordó en esa fecha el Ayuntamiento con los representantes sindicales y que fue aprobado por el pleno municipal, pese al informe contrario entonces de Secretaría e Intervención.

El plan se anula después de la sentencia -no prosperó el recurso ante el Supremo- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que invalidó 2 de los 9 puntos del plan, tras la denuncia del exportavoz del PP y extrabajador municipal, José Fernando Gómez.

Esos puntos, 4 y 5, del plan de RTP dicen textualmente:

“Cuarto.- Aprobación de declaración de personal laboral indefinido (apartados 5º y 6º del Plan Operativo) al personal laboral que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 15.5 y Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y cuya relación individualizada del cumplimiento de los mismos se establece en Anexo III.

Quinto.- Aprobación de la conversión de la relación laboral indefinida en funcionarios interinos (apartado 5º del Plan Operativo), en ejecución de lo dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo y teniendo en cuenta la naturaleza y régimen jurídico de las funciones que desarrollan. (Anexo IV, relación del personal laboral indefinido y puestos de trabajo de personal funcionario a los que se adscribe, con carácter interino)”.

FARIÑA, ANTES QUE MARISA SANTOS

Después de la sentencia firme del TSJC se han sucedido las reuniones entre la junta de personal y los representantes sindicales, cuatro de los cuales, por cierto, implicados en la ilegal reconversión laboral. Un plan de empleo mal parido, cuando en 2009 la secretaria general, Marisa Santos -hoy en Güímar- informó desfavorablemente del mismo. Sin embargo, el alcalde José Gumersindo García prefirió llevarse por el criterio del letrado Fernando Fariña, ideólogo de un plan que también puso en práctica con el mismo fracaso en Las Palmas de Gran Canaria.