La Ley de Telecomunicaciones sale del Congreso respaldada por PP, PSOE y CiU

EUROPA PRESS | Madrid

La Ley General de Telecomunicaciones ha salido este jueves del Congreso respaldada por el PP, el PSOE y CiU tras incorporar más de medio centenar de transaccionales que recogen parte de los 482 cambios propuestos por todos los grupos, cuyos portavoces han agradecido al partido mayoritario el esfuerzo que ha realizado para hacer una norma “de todos”.

La Comisión de Industria ha aprobado con competencia legislativa plena el texto, con el voto a favor de ‘populares’, socialistas y nacionalistas catalanes, y el rechazo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD, mientras que el resto de formaciones han optado por la abstención. Ahora, proseguirá su negociación en el Senado.

El diputado del PP Jesús Puente ha destacado que la ley será “muy importante para sentar las bases para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de más sectores económicos” en un momento de “renovación tecnológica” que puede contribuir a incrementar la productividad. “Para ello es necesario facilitar y agilizar el despliegue de redes ultrarrápidas y (conseguir) una mejor oferta de servicios, de calidad y precio” para los ciudadanos.

Además, ha subrayado que al ser un texto pactado se garantiza un “mayor seguridad jurídica”, lo que fomentará la inversión y la creación de puestos de trabajo; y ha hecho hincapié en que la regulación prevista avanzará en la unidad de mercado con una mayor y mejor colaboración entre administraciones y requisitos comunes para el despliegue de las redes en todo el país.

Entre las mejoras incorporadas, el diputado ha mencionado el refuerzo de la cohesión social y territorial, la inclusión de las necesidades de las personas con discapacidad, la mejora en la coordinación entre administraciones para extender la banda ancha, la apuesta por la universalización de la banda ancha con una Estrategia Nacional de Despliegue de Redes Ultrarrápidas, o el refuerzo de los derechos de los usuarios y consumidores.

MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA Y POLÍTICA

El socialista Félix Lavilla ha reconocido que tras los “avances” acordados desde el proyecto inicial se ha conseguido una “ley más de todos”, con un mayor “consenso político e institucional” que garantiza una gran seguridad jurídica y política, que a su juicio facilitará las inversiones en el despliegue de redes y la actividad económica que promoverá.

Además, ha destacado que los cambios facilitarán que “donde no llegue el mercado llegue la inversión pública” para evitar la brecha digital e impulsará una mayor cohesión social. También se ha congratulado de las modificaciones sobre la extensión del servicio universal a más puntos y con mayor capacidad, así como para garantizar los derechos de los consumidores (con especial mención de los discapacitados) en temas como la intimidad, la protección de datos o para evitar el spam telefónico.

“Esta ley no será la que cada grupo quisiera, pero entre todos la hemos mejorado sensiblemente, para que sea más flexible e integrador, menos funcionarial, más cercana a la ciudadanía, más respetuosa con el reparto de competencias y mejor adaptada a las necesidades”, ha dicho Inmaculada Riera, de CiU, subrayando la importancia de este sector para el desarrollo económico y social en un entorno “cada vez más digital”.

Así, ha admitido su “satisfacción” al haber pasado de “un concepto excluyente a uno incluyente de las administraciones territoriales para evitar la fractura digital y garantizar la universalización del acceso a la banda ancha de nueva generación”. No obstante, ha reconocido su “preocupación” por el “debilitamiento de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)” con el traspaso de algunas competencias al Ministerio de Industria

INVASIÓN COMPETENCIAL

Pese al “alto nivel de acuerdo alcanzado”, la diputada del PNV Isabel Sánchez Robles ha lamentado que no se hayan incluido los cambios más relevantes para su grupo, relativos sobre todo a la “inasumible” regulación por ley del “principio de inversor privado, y no sólo de la excepción”, y a las cuestiones competenciales en materia audiovisual.

También Teresa Jordà (ERC) ha reconocido esta “razonablemente satisfecha” con los cambios propuestos, algo que “sucede poco en esta legislatura de mayoría absolutista del PP”. “Sin embargo, pese a las mejoras, el proyecto sigue manteniendo el mismo tufo centralista y homogeneizador, y una descarada e inasumible invasión competencial”, que provocarán un incremento de la brecha digital, ha apostillado.

Por su parte, Pedro Quevedo (CC-NC) también ha celebrado la “novedosa” oportunidad de acuerdo abierta por los ‘populares’, aunque ha lamentado que no se hayan aceptado sus enmiendas para evitar el “trato discriminatorio” a Canarias al no garantizar la aplicación de su régimen fiscal especial en el comercio electrónico, y para considerar las “particularidades” del archipiélago en la implantación de la TDT.

NO HA SIDO SUFICIENTE

Por la Izquierda Plural, Chesús Yuste ha valorado que se salve “in extremis” el papel de los operadores públicos en zonas donde las empresas privadas no tienen intereses, así como que haya un “mayor compromiso” en el desarrollo de las redes ultrarrápidas hasta su universalización, en la defensa de los usuarios, y en el control de la emisión radioeléctrica, “incluida la necesidad de investigar sobre los efectos electromagnéticos en la salud”.

No obstante, cree que sigue habiendo “olvidos” en el proyecto, sobre todo en relación con la instalación de antenas de telefonía sin autorización, con el “menoscabo” de las competencias municipales en la ordenación del dominio público o la protección del medioambiente, o con los derechos de los consumidores a la hora de contratar servicios de telecomunicaciones. “La ley continúa priorizando los intereses de las grandes corporaciones por encima de los de la ciudadanía”, ha concluido.

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) cree que, pese al esfuerzo por negociar, “al final el resultado no ha sido demasiado bueno” en los objetivos principales: favorecer nuevos modelos de negocios, proteger los derechos de los consumidores, asegurar y ampliar la transparencia en las relaciones entre operadores, administraciones y usuarios; y favorecer la extensión de las TIC a la educación, la cultura o la investigación.

“La ley está mucho más preocupada por proteger los intereses de las empresas que por los ciudadanos, en un sector donde los abusos son normales”, ha lamentado, señalando que el sector audiovisual, como el eléctrico, es demasiado “opaco”. “Se desaprovechan demasiadas oportunidades en una ley que debería ser más exigente”, ha añadido.