X
a babor > Francisco Pomares

La consulta – Por Francisco Pomares

   

La decisión del Gobierno regional de solicitar al Parlamento canario autorización para convocar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas -más allá del valor propagandístico del asunto, el único que probablemente prevalezca al final de toda esta historia- devuelve la iniciativa sobre el petróleo a Rivero.

Pero, además de colocar la pelota sobre su presidencial cabeza, abre algunas incógnitas sobre el inmediato futuro político de muy difícil pronóstico. La primera de esas incógnitas, espero que calculada por Rivero y quienes le apoyan, es la de hasta dónde nos puede llevar esa cierta coincidencia entre las hipotéticas consultas canaria y catalana, ambas para asuntos que no son estrictamente de soberanía local.

El PP lo tiene fácil para descolgarse, manteniendo su posición de que la cuestión del petróleo es un asunto de ámbito y competencia nacional, como lo es -desde un punto de vista constitucional- la unidad de los territorios de España. Sin embargo, una reacción atrabiliaria o poco medida por parte del PP y del Gobierno de la nación, puede situar el debate sobre el petróleo en un lugar emocional que no es el que le corresponde. Porque aunque la consulta no tenga ni pueda tener un carácter vinculante, el Gobierno de Rivero se sitúa en una posición que le permite jugar la baza de los sentimientos de identidad y de pertenencia a estos peñascos, precisamente en el momento en que la política de ajustes y recortes -y algunos errores de calado, como la estúpida reimposición de la obligatoriedad de portar físicamente el certificado de residencia- han colocado el grado tradicionalmente alto de tolerancia de los canarios en un nivel en el que -para encontrar algo de confianza en quienes dirigen el país- también habría que hacer prospecciones muy profundas. Plantear la consulta sobre las prospecciones, cuando el Parlamento de Canarias aún no se ha propuesto siquiera discutir la ley que ha de regular la consulta popular, es sin duda una apuesta más bien arriesgada por parte de Rivero y su Gobierno.

Pero -después de oponerse el PP al debate de la reforma del Estatuto canario- negar también la posibilidad de que los canarios se pronuncien sobre un asunto que nos afecta, y que no pone en cuestión la unidad del país, también comporta graves riesgos. El primero de ellos, el de extender la creciente percepción de que el PP y el Gobierno de Rajoy miden a los ciudadanos de Canarias y a quienes les representan con un rasero distinto del que usan para medir a la ciudadanía y a los dirigentes de otras regiones, como Baleares, Castilla-La Mancha o Valencia.