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Corrupción – Por Leopoldo Fernández

   

Raro es el día que no salta a la palestra alguna noticia sobre corrupción. Cuando no afecta a un partido atañe a otro, a la administración en general, en sus distintos niveles, y a los particulares; incluso la justicia no está libre de esta plaga indeseable que hoy contamina la vida española. Así lo reflejan las noticias y lo confirman las encuestas de opinión pública: tras el paro, la podredumbre ética y moral es el problema que más preocupa a los españoles. Pero ha tenido que ser la propia Comisión de la Unión Europea la que, en un informe dedicado a la corrupción, resalte la falta de controles efectivos en nuestro país para combatir esta lacra que, aunque afecta a todas las naciones del Viejo Continente, sacude a España con particular saña. Como era de esperar, la financiación de los partidos políticos, los contratos públicos y el desarrollo de las competencias urbanísticas por parte de los entes autonómicos y municipales se llevan la palma de la depravación. Pero las mismas prácticas se han detectado también en la administración central del Estado. Sólo los organismos oficiales existentes propician que entre el 20 y el 25% del dinero que mueven las contrataciones públicas se pierda en las alcantarillas y los desagües de las prácticas corruptas, aunque la UE considera que en algunos casos esos porcentajes pueden alcanzar el 50%. En estas circunstancias resulta obligado que, de una vez por todas, gobiernos y partidos luchen conjuntamente contra tanta podredumbre mediante controles inflexibles y rigurosos del Tribunal de Cuentas y de cuantos organismos puedan intervenir en el manejo del dinero de todos. Hay que evitar que persistan los sobornos, los cohechos, las comisiones, el clientelismo, la discrecionalidad, la falta de transparencia y claridad en las cuentas y los balances. A la vista está que las medidas hasta ahora adoptadas no han servido para poner coto a tantos y tantos abusos. A su vez la lentitud de la justicia y la utilización interesada de las leyes constituyen una rémora que enmaraña todos los procesos pendientes de juicio, que muchas veces acaban de mala manera, sin que los culpables paguen de verdad por sus actos delictivos. Es necesaria una verdadera revolución, una conjura de todos en favor de la honradez y la ejemplaridad en la vida pública. Para acabar con unas prácticas que hoy constituyen una vergüenza nacional y una rémora para el buen nombre del país. El objetivo debe ir más allá de parches y medidas coyunturales e incluir la reforma a fondo del Código Penal, con sanciones a tono con la gravedad y extensión del problema. Sin que falte la devolución de las cantidades ilegítimamente percibidas por los condenados como condición previa para su salida de la cárcel.