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Becerril denuncia de nuevo a Políticas Sociales por no colaborar

   
Soledad Becerril

Soledad Becerril, durante la entrega del documento sobre el año pasado, ayer en Madrid. / EUROPA PRESS

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El Defensor del Pueblo, institución cuya titular es la exministra Soledad Becerril, ha vuelto a denunciar a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias como administración entorpecedora de su labor, tal y como se recoge en su informe de actividad sobre 2013, entregado ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados.

No es la primera vez que el Defensor del Pueblo califica de este modo al departamento que dirige Inés Rojas, ya que en 2012 la incluyó en tal categoría junto a otras nueve administraciones canarias.

Si hace dos años (tal y como adelantó entonces DIARIO DE AVISOS) se debió a las faltas de respuesta tras tres requerimientos a la Dirección General del Menor sobre la situación del grancanario Centro de Acogida de Menores Extranjeros El Fondillo y del Instituto Canario de la Vivienda por solicitud de ayuda, ahora se trata de situaciones relacionadas con la ley de dependencia.

En concreto, el informe del órgano parlamentario consigna en un anexo que “de forma sistemática han de emitirse sucesivos requerimientos ante la falta de respuesta en los plazos previstos. Las gestiones telefónicas, desplegadas como complemento de los requerimientos escritos, han logrado algunos resultados, pero no se han obtenido respuestas en dos expedientes tras un tercer requerimiento, a pesar de que, en alguno de ellos, se han efectuado hasta seis gestiones por diversos canales”.

En esta categoría, susceptible de haber incurrido en un tipo del artículo 502 del Código Penal (con penas de inhabilitación para cargo público de seis meses a dos años de duración por desobediencia), también se encuentra el Ayuntamiento lanzaroteño de Teguise.

Si la Consejería de Políticas Sociales figura como entorpecedora, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo hace como no colaboradora al no responder tras tres requerimientos en 2013. En este caso, el informe desvela que “se solicitó información, el 19 de julio de 2012, acerca de los olores provocados por la refinería de petróleo”, realizándose el tercer requerimiento el 19 de diciembre de 2013.

En cuanto a las que respondieron al tercer requerimiento repite Santa Cruz de Tenerife junto al Ayuntamiento de La Orotava (ambos por mala conservación de un solar), además de Tacoronte (molestias generadas por una explotación ganadera irregular) y Telde (no hace efectivo la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S A, el giro n.º (…) impuesto por el Ayuntamiento el 11 de mayo de 2004).

CANARIAS, 724 QUEJAS

En total cabe destacar que Canarias, con 724 quejas, es la octava comunidad autónoma que más presenta, en una categoría encabezada por Madrid, con 5.942, y Andalucía (2.866).

Un cambio de trazado en el trayecto del AVE entre Antequera y Granada fue el asunto que más quejas (10.847) suscitó al Defensor del Pueblo durante 2013 en toda España, seguidos de los 9.501 disconformes con la exclusión de las enseñanzas de formación profesional en conciertos educativos de Madrid.

A vigilar el amianto en centros escolares

El Informe anual sobre 2013 del Defensor del Pueblo destaca, en cuanto a los temas relacionados con Canarias, el hecho de que la Consejería de Educación del Gobierno autonómico ha confirmado “la presencia de amianto en las cubiertas de muchos centros docentes de la comunidad, y en la composición de otros elementos constructivos con los que están en contacto los usuarios de las instalaciones escolares, circunstancia que incrementa la posibilidad de que partículas libres de dicho material pasen a la atmósfera de los edificios, constituyendo un peligro para la salud cuando alcanzan determinados niveles de concentración y de exposición de los usuarios a su inhalación”.

RECOMENDACIONES

Ello ha provocado que el referido informe aconseje al departamento cuyo titular es el también vicepresidente regional José Miguel Pérez “la elaboración y ejecución de un plan de inspección periódica de los edificios escolares” que presenten dicho problema, así como que se adopten “las medidas necesarias para que dejen de utilizarse los edificios escolares, cuando las inspecciones que se efectúen indiquen que su uso implica riesgos para la salud de alumnos y profesores y de otros usuarios de las instalaciones”.