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Democracia y referéndum – Por Román Rodríguez*

   

El Gobierno de Canarias pretende realizar una consulta popular en torno a las prospecciones petrolíferas. Nueva Canarias, junto con otros grupos, hace tiempo que defiende que la ciudadanía de las Islas pueda decidir sobre este asunto que tantas implicaciones económicas y medioambientales tiene; así como hace tiempo que planteamos la conveniencia de incorporar las consultas ciudadanas en un planteamiento global de mejora de la calidad de la vida democrática.

En el caso del petróleo, se trata de una decisión que afecta a nuestro actual modelo económico, centrado en el turismo, y al medio natural, por las catastróficas consecuencias de un posible vertido, como hemos podido ver en otras partes del mundo, así como por los efectos negativos de las técnicas utilizadas en las propias prospecciones en la fauna y flora marina. Lo que ha llevado a que en el otro archipiélago, en Baleares, gobernada por el PP, y con un modelo económico similar, se nieguen a las prospecciones en aguas cercanas a sus costas, con un reciente y unánime pronunciamiento de su Parlamento.

El Gobierno central -que con la legislación actual tiene la última palabra en una consulta de estas características- rechazará la propuesta. Alegando que es estatal tanto la competencia en materia de concesión de explotaciones de hidrocarburos como la titularidad exclusiva de las aguas en que se llevarán a cabo, asuntos ambos discutibles. En todo caso, desde NC apoyaremos la vía de la consulta por convicciones democráticas. Las mismas convicciones que nos llevan a seguir insistiendo en la necesidad de un urgente cambio en el sistema electoral canario. Modificando una normativa, presuntamente transitoria, que lleva ya 30 años de vida, que incluye las barreras electorales más elevadas de España y de Europa (30% insular, que es la circunscripción, y 6% archipielágico). Y que, asimismo, presenta una enorme desproporción en el valor del voto entre los distintos territorios, sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma.

Considero que la voluntad democratizadora y de respeto a la opinión de la ciudadanía que el Gobierno exhibe para defender su consulta no se aplica en este y otros casos. Los grupos que apoyan al Gobierno, CC y PSOE, no han mostrado la menor voluntad para modificar nuestro desequilibrado e injusto sistema electoral. Cuando, además, en esta materia no hay que pedir autorización a Madrid: se puede hacer mañana mismo en el Parlamento canario. Y supondría un relevante avance democrático, superando una situación que pervierte la voluntad popular y obstaculiza la pluralidad. Vivimos un momento de profunda crisis económica. Pero, también, de enorme crisis política, con un creciente desprestigio de la política, los políticos y las instituciones.
En el que se han puesto a debate numerosas modificaciones que incrementen la transparencia, así como una mayor participación y control ciudadano de la acción política. Mejorando los sistemas electorales para que estos sean más proporcionales, reflejando con más fidelidad lo que la gente decide en las urnas.

Y, asimismo, con la introducción de las consultas populares. En otras ocasiones he señalado que hay asuntos, de distinta relevancia, que surgen a lo largo de una legislatura y que pueden y deben ser sometidas a referéndum como ocurre en Estados Unidos o en Suiza.

En España, por el contrario, un tema tan trascendental como la modificación del artículo 135 de la Constitución sobre las obligaciones en torno al déficit y la deuda fue solventado sin el menor debate ni consulta a la ciudadanía por las cúpulas de los dos partidos mayoritarios, en una decisión de enorme gravedad.

Otras propuestas que hemos realizado son la obligatoriedad de los debates electorales, sin que ninguna candidatura pueda eludirlos; así como la aplicación de límites estrictos al gasto de las campañas y una ley en la que se especifiquen los medios de financiación permitidos a los partidos, los procedimientos de rendición de cuentas y las penas en caso de incumplimiento. Y, asimismo, que por ley se impida la condonación por parte de la banca de la deuda contraída por los partidos políticos, a la que algunas formaciones se han acogido.

También defendemos un sistema de incompatibilidades claro y estricto. La prohibición expresa de las puertas giratorias entre puestos gubernamentales y empresas sobre los que aquellos han tomado decisiones. Y la imposición por ley de la obligatoriedad de las declaraciones de IRPF y de Patrimonio anuales de los cargos electos y públicos.

En definitiva, se precisan muchas y profundas transformaciones para mejorar la calidad de la democracia, para revitalizarla y acercarla a los ciudadanos y ciudadanas, superando la actual desafección. La consulta popular es un elemento relevante en ese camino.

Sería poco presentable que nos encontremos ante una propuesta, la del Ejecutivo de CC y PSOE, con un trasfondo de intereses personales o partidarios, que no suponga un auténtico cambio de actitud y un compromiso real por la mejora de la calidad democrática en las Islas. Porque resulta completamente contradictoria su apasionada defensa de la consulta -que compartimos- y, al tiempo, su frontal negativa a modificar el más restrictivo y antidemocrático de los sistemas electorales o la escasa consideración a las leyes de iniciativa popular.

*diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias