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Democracia y sentido común – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Un amable lector nos critica -afable y constructivamente- nuestro artículo del pasado domingo. Nos dice que la auténtica democracia consiste en que el pueblo se pronuncie directamente, sin representantes ni intermediarios. Y que el referéndum sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias que pretende Paulino Rivero es, en ese sentido, exquisitamente democrático. De modo que, en su opinión, todo lo que sea impedirlo o dificultarlo significa ir en contra de la democracia y reprimir su expresión más genuina. En definitiva, añade, significa impedir o dificultar que se manifieste la voluntad popular y se oiga la voz del pueblo sobre un asunto concreto, al margen de las siglas partidistas y de las campañas electorales.

Agradecemos al amable lector su constructivo interés y sus cordiales palabras, pero discrepamos radicalmente de sus argumentos. Para que una sociedad sea democrática ha de estar constituida necesariamente en un Estado de derecho. La democracia y el Estado de derecho van ineluctablemente de la mano y no pueden existir la una sin el otro. No hay democracia posible al margen o en contra de la Constitución y las leyes. Y, a pesar de la voluntad declarada del presidente canario de mantenerse dentro del marco constitucional y legal, voluntad que nos apresuramos a reconocerle, el referéndum que propone vulnera flagrantemente dicho marco.

Ya comentamos el pasado domingo que la competencia para autorizar las prospecciones es una competencia del Estado y no de Canarias; y, por lo tanto, que una parte del pueblo del Estado -los canarios- no se puede pronunciar sobre ella. Si se celebrara, el referéndum debería tener carácter nacional y participar en él todos los españoles. En resumen, un referéndum canario sobre el ejercicio de una competencia del Estado devendría en inconstitucional e ilegal. A mayor abundamiento, este argumento estrictamente jurídico tiene una vertiente política y social.

En el caso de que se encontrara petróleo en cantidades importantes, los beneficios serían cuantiosos para todo el pueblo español y no solo para los canarios. Así que las prospecciones afectan directamente a todos los españoles y no solo a los canarios, como sostiene Rivero. Y los canarios no tenemos derecho a decidir sobre el futuro del conjunto del pueblo español y, eventualmente, a privarle de unos cuantiosos posibles beneficios. Ése es el fundamento de que la competencia para autorizar las prospecciones sea del Estado y no de Canarias.

No es verdad entonces, como hemos escuchado estos días, que las prospecciones afecten únicamente a los canarios. Igual que tampoco es verdad que los posibles beneficios sean en exclusiva para Repsol. Esta empresa obtendría beneficios, por supuesto, porque esa es la razón de ser y el objetivo de toda empresa. Pero, al mismo tiempo, España y la sociedad española, Canarias incluida, también los obtendrían en forma de ahorro energético y en otras múltiples formas. Y para eso es irrelevante que el petróleo lo explote una empresa privada o una empresa pública, como sucede en Noruega. Éste es otro de los disparates que hemos oído sobre la cuestión. Porque muchos de los argumentos contra Repsol que esgrimen los adversarios de las prospecciones parecen proferidos por trasnochados progres de los años sesenta del siglo pasado.

Se nos dirá que el impacto medioambiental podría afectar a Fuerteventura y a Lanzarote, y no al resto del Estado (y de Canarias), pero, si ese impacto existiera, los intereses de una parte han de ceder ante el bien común de los intereses del todo. Y tendríamos que valorar en qué medida se ven afectados ambos intereses. Es un principio que los alemanes denominan “lealtad federal”, y que nuestros nacionalistas sustituyen por la deslealtad y la insolidaridad. Habría mucho que decir sobre el supuesto impacto medioambiental, nunca demostrado y siempre exagerado hasta el paroxismo y la tergiversación por los adversarios de las prospecciones. Hay ejemplos de lo contrario en todo el mundo. Sin ir más lejos en Noruega, cuya economía se basa en el petróleo de sus prospecciones, que conviven con un turismo boyante y un ecologismo modélico. La imagen de unas playas canarias contaminadas de petróleo a causa de las prospecciones es absolutamente falsa. Mayor contaminación producen los petroleros que limpian fondos en nuestras aguas continuamente. Y durante años el turismo tinerfeño ha convivido con una refinería incrustada en la capital, que ha originado un intenso tráfico de petroleros cargados de crudo, y ha contaminado la atmósfera de Santa Cruz y afectado las vías respiratorias de varias generaciones, ante el silencio de los que ahora se oponen a las prospecciones.

Y después está Marruecos, cuyas prospecciones se encuentran a escasa distancia de las prospecciones de Repsol. Con un envidiable sentido del humor, algunos afirman que, si las prospecciones marroquíes llegaran a afectarnos, habría que reclamarles a la luz de las leyes internacionales. Lo dicho, estimado lector.

La democracia requiere respeto a la Constitución y a las leyes. Pero, como estamos comprobando en el debate canario sobre las prospecciones, la democracia requiere también unas ciertas dosis de sentido común.