Deprisa, deprisa – Por Francisco Pomares

El ministro Soria eligió el domingo un encuentro de empresarios grancanarios para anunciar la presentación por parte del Gobierno de la Nación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística canaria, a la que el ministro, el PP canario y los empresarios de Las Palmas consideran contraria a la normativa europea y española y a la libertad de prestación de servicios. La ley fue aprobada mayoritariamente por el Parlamento de Canarias, con el voto en contra del PP, que se opone a que se vincule a la rehabilitación la posibilidad de construir hoteles de cuatro estrellas. Ese es el criterio que suscriben -con bastante pasión- también las autoridades políticas grancanarias, especialmente el Cabildo insular y su presidente, José Miguel Bravo de Laguna, mientras que la ley en su conjunto recibe el apoyo más melifluo de las autoridades de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. El debate entre quienes apoyan la ley y quienes la rechazan se ha convertido inesperadamente en un nuevo episodio del pleito insular, al identificar Bravo de Laguna a las autoridades políticas y grupos de empresarios de Tenerife como principales inspiradores de un proyecto que “perjudica a Gran Canaria”. En realidad, a quien perjudica la nueva ley es al legítimo interés de los grupos empresariales grancanarios que quieren construir hoteles de cuatro estrellas sin acudir a la rehabilitación, porque rehabilitar es mucho más caro que construir exnovo. La presentación de este asunto como un nuevo episodio del pleito insular, y su inclusión en el catálogo de agravios que dividen y enfrentan a los canarios, se ve reforzada por una tónica general de pleitismo que el PP grancanario ha incorporado a su actuario político, y que incluye la reivindicación y defensa de intereses legítimos -como este de modificar la ley- con asuntos más peleones, como responsabilizar a la actual corporación chicharrera del fraude del padrón municipal de Santa Cruz, y convertir esa vieja golfada -ocurrió hace 18 años- en una actual afrenta a Gran Canaria. Lo más sorprendente de todo es que el Gobierno Rajoy se haya decidido a optar interviniendo en una ley que el propio presidente del Gobierno de Canarias anunció que reconsideraría a partir del primer año de entrada en vigor de la Ley. Es imposible que el recurso en el Constitucional pueda dirimirse antes del mes de mayo de este año, que es cuando vence el plazo anunciado por Rivero. Por eso, lo razonable habría sido esperar un par de meses a ver si la ‘reconsideración’ de la ley planteada por el Gobierno de Canarias logra desatascar este entuerto. Claro que entonces, Soria no podría haberse lucido ante los empresarios que le votan.