X
análisis > Antonio J. Olivera Herrera

EPA, economía y REF – Por Antonio J. Olivera Herrera

   

Muchos recordaremos aquellos cuadernillos que pintábamos de pequeños en los que de una serie de puntos misterio, al unirlos con el carboncillo del lápiz, obteníamos, como por arte de magia, un simpático dibujo. Uniendo puntos sueltos, hacíamos una imagen. Este pensamiento me ha venido a la cabeza esta semana al rebufo de la publicación de tres informaciones relevantes en el ámbito económico.

La primera son los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2013. La segunda, el informe publicado por Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) sobre la economía sumergida en la economía nacional y sus provincias. La tercera, el proceso de negociación del REF y la sonada resistencia del Ministerio de Hacienda a incorporar como un nuevo instrumento en nuestro régimen diferencial las bonificaciones a la Seguridad Social por parte de las pymes canarias. De los análisis que he leído sobre las cifras de la EPA (por cierto, algunos de ellos mejor enviarlos al baúl de los olvidos), no he encontrado aún ninguno referido al mercado canario que valore un aspecto que creo que ha sido significativo: la importancia que está adquiriendo el aumento de los ocupados temporales y a tiempo parcial. Entre el cuarto trimestre de 2012 y el de 2013, el número de ocupados del Archipiélago se redujo el 5,9% en lo referido a los contratados en modalidad indefinida y se incrementó el 14,4% para contratados en régimen temporal. Al mismo tiempo, en ese periodo, el número de ocupados canarios que estaban contratados por jornada completa se redujo el 1,8%, mientras que los contratados a tiempo parcial se incrementaron el 10,2%. Tristemente, el Instituto Nacional de Estadística no ofrece el cruce de datos para valorar cuántos de los ocupados a tiempo completo fueron indefinidos y cuántos temporales. Ni para conocer qué porcentaje de los contratos a tiempo parcial fueron indefinidos o temporales. Sin embargo, sí que podemos obtener ese resultado para el conjunto de los datos nacionales. En concreto, observamos que en la única combinación que se redujo la ocupación entre el cuarto trimestre de 2012 y el de 2013 en España fue en la referida a los contratados de forma indefinida con jornada a tiempo completo (-3,6%). En el resto de categorías, las cifras de crecimiento fueron positivas, con el siguiente orden de menor a mayor: 1) jornada a tiempo completo con contrato temporal, el 0,1%, 2) contratados a tiempo parcial con contrato indefinido, el 5,4%, y 3) contratados a tiempo parcial con contrato temporal, el 8,3%.

Muchos analistas han puesto el acento en la relevancia que está adquiriendo el contrato a tiempo parcial en las nuevas incorporaciones a la ocupación en España. Y se empieza a temer que se configure como una nueva fórmula de contrato basura, o de evitar, en definitiva, el recurso al contrato indefinido. Comparto esta preocupación porque la vinculo a un aspecto que tiene que ver con la economía sumergida. Según un reciente estudio realizado por Gestha, se estima que la economía sumergida mueve en el conjunto nacional un total de 253.135 millones de euros, lo que supone el 24,6% del PIB español. En la economía canaria, las estimaciones superan algo la media estatal y se sitúan en el 27,9% del PIB regional. Estos datos son de 2012. Ello implica que en las Islas se mueve en torno a unos 11.200 millones de euros en circuitos no legalizados o declarados.

No cabe duda de que una parte de ese componente de la economía sumergida viene constituido por la proliferación de los falsos contratos a tiempo parcial, a la que nos referimos cuando comentamos las cifras de la EPA. Se trata de la situación a la que se deben enfrentar muchas empresas que están en disposición de contratar a nuevos trabajadores pero para las que los costes de la Seguridad Social se convierten en una losa. En estas circunstancias contratan a tiempo parcial pero realmente el trabajo efectivo se realiza a tiempo completo. Las consecuencias de esta circunstancia son claramente indeseables puesto que los trabajadores no cotizan por el trabajo realmente realizado y se incrementan los flujos económicos en economía sumergida. Sin embargo, resulta también lógico comprender que las empresas se encuentren restringidas en una situación en la que las perspectivas son mejores, pero las cifras de negocio todavía no están disfrutando de la mejora de la coyuntura. En este escenario conviene traer a escena la propuesta incorporada en la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias en 2012 sobre la renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF), en la que se argumenta a favor de “la reducción de los costes sociales para las empresas canarias, con especial atención a las pymes”. El objetivo de esta propuesta no es otro que aportar al tejido empresarial que en menor medida puede beneficiarse de los incentivos a los beneficios empresariales, como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC), de un instrumento que les permita reducir su carga de costes en su lucha diaria por la supervivencia. Adicionalmente, hay que sumar un hecho también bastante relevante de esta propuesta, que es el criterio ampliamente consensuado en materia de política económica de que la fiscalidad sobre el trabajo es detractora de la contratación y, en última instancia, sobre la actividad económica, y que cualquier sistema fiscal moderno debe reducir la fiscalidad sobre el trabajo para incrementarla en los impuestos indirectos. Una reducción de los costes sociales a cargo de la empresa como la que se ha propuesto en el REF puede suponer un incentivo a que aflore nuevo empleo y a que los falsos contratos a tiempo parcial se regularicen a tiempo completo. Esto permitiría eliminar economía sumergida y favorecería un entorno socioeconómico más propicio para el empleo.

Desde mi perspectiva, el Ministerio de Hacienda tiene la oportunidad de hacer una prueba piloto en Canarias. Aceptar la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para las pymes del Archipiélago, además de ayudar a generar un ámbito más propicio para la actividad económica, que es lo de que trata esto del REF, permitiría evaluar con precisión meridiana si España debe reconsiderar cómo reestructurar su sistema fiscal. Lo dicho: uniendo puntos sueltos, ¿quién sabe?, nos puede salir un dibujo precioso.

Antonio J. Olivera Herrera es DOCTOR EN ECONOMÍA