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Expropiaciones – Por Leopoldo Fernández

   

No alcanzo a entender la obstinación del Gobierno de Canarias con el proyecto de Ley de la Vivienda en la parte que se refiere a las expropiaciones de uso de inmuebles desocupados pertenecientes a entidades financieras e inmobiliarias. La actualización de dicha norma sí me parece muy conveniente porque, transcurridos más de 10 años, parece conveniente la puesta al día una legislación que, como es lógico, procure que la vivienda sea más accesible a los ciudadanos y cumpla mejor su función social. Por mucho que diga el portavoz del ejecutivo autonómico que está seguro de la constitucionalidad de la legislación que se prepara, la realidad es bien distinta. Entre otras cosas, porque el procedimiento expropiatorio mediante normas similares -como reflejan los casos de Andalucía y Navarra, por ejemplo- está suspendido cautelarmente, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. También el Consejo Consultivo de Canarias ha expresado sus reservas sobre ese capítulo, al estimar que no está claro el alcance real del derecho de expropiación, ni si se debe imponer el deber de destinar la vivienda a un uso concreto, contra la voluntad de su legítimo dueño, al margen de eventuales violaciones de los derechos de propiedad e igualdad ante la ley. Además, según ha publicado este periódico, el propio gobierno canario tiene a su disposición hasta tres informes propios, calificados de “demoledores”, contrarios a la política confiscatoria que se pretende implantar. Por una elemental prudencia, lo lógico sería posponer estos aspectos en espera del pronunciamiento de la más alta instancia constitucional. ¿A qué viene entonces ese afán seguidista de copiar lo que hacen otras comunidades autónomas? ¿Por qué entrar en un terreno jurídicamente escabroso, como es la expropiación de uso hasta por tres años, cuando el gobierno es dueño de un parque de al menos 350 viviendas sociales desocupadas -cifra que la oposición eleva a 700 u 800- que pueden ser destinadas a familias en riesgo de exclusión social o amenazadas de desahucio, con el consiguiente ahorro económico por la obligada compensación a terceros? ¿Por qué no se convoca un concurso abierto a la iniciativa privada para que ésta facilite viviendas con fines sociales en condiciones determinadas? Si las situaciones excepcionales -y la falta de vivienda en determinados casos, por problemas económicos, de enfermedad, desempleo, etc.- demandan medidas excepcionales, actúese en consecuencia, pero con cordura. Proteger a las familias más desfavorecidas, sí, siempre, más aún en estos tiempos de crisis. Pero procurando la seguridad jurídica, el mínimo sobrecoste económico y las menores complicaciones burocráticas.