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Fraga recurrirá al Constitucional la ley de racionalización del gasto

   
José Miguel Rodríguez Fraga, Adolfo Alonso y Andrés Pérez, Adeje

El alcalde, ayer, junto a Adolfo Alonso y Andrés Pérez. / DA

NICOLÁS DORTA | Adeje

El Consistorio adejero se unirá a otros ayuntamientos de España para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por considerarla una “agresión brutal y total a los ciudadanos”. Así lo afirmó ayer el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en una rueda de prensa acompañado del concejal de Educación, Andrés Pérez, y el portavoz del Gobierno local, Adolfo Alonso.

La idea es que este recurso lo suscriban en torno a 3.500 ayuntamientos de todo el país y la fecha tope es el 28 de febrero para presentarlo. Fraga aseguró que esta ley es “injusta” y “atenta directamente al bienestar de los ciudadanos” al permitir servicios que tienen que ver con la atención a mayores, la cultura, la educación y el desarrollo local.

Para el socialista, la ley de racionalización del gasto es “devolvernos a épocas pretéritas” donde los ayuntamientos “eran instituciones controladas y con falta de confianza”. El socialista dice que el Gobierno central ha colocado a los ayuntamientos “en un escenario realmente complicado” al convertirlos en instituciones prácticamente intervenidas” en una medida “que no tiene nada que ver con un plan de eficiencia y mejora”. Así, Fraga espera que este recurso frene una ley “que pretende privar a los ciudadanos de una elemento básico de cercanía y participación”.

También aseguró que los ayuntamientos son los que menos gravan impuestos y cumplen mejor los parámetros de estabilidad presupuestaria. “Son los que están cumpliendo mejor la deuda que supone un 4% del total de la deuda pública del Estado español”, subrayó el alcalde. Y es que a juicio de Fraga, la Ley 27/2013 reduce los servicios públicos para favorecer a intereses privados e imposibilita “las políticas de prevención sobre campañas de educación”. “Ha sido criticada por el Consejo del Estado y el Consejo de Europa, con una carga ideológica importante”, concluyó.

RECORTE PÚBLICO

Bajada de sueldos y de personal

La llamada ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece una serie de requisitos que no gustan a muchos ayuntamientos. Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España, se acaba con las “competencias impropias” de los Ayuntamientos, potenciando a las Diputaciones provinciales para la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes.

Se incentivan las fusiones voluntarias, se aumentan las “trabas para la escisión” o creación de nuevos municipios y ya no habrá convenios entre Administraciones sin financiación.

También se reducen y ordenan sueldos, así como el personal eventual. Igualmente, esta reforma prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros desde el año pasado hasta el periodo 2019.