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El Gobierno desoye al secretario y no modifica el acuerdo sindical

   
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Reunión con funcionarios interinos. / DA

NORBERTO CHIJEB | Candelaria

El grupo de gobierno, apoyado por sus juristas y los de los sindicatos representados en el Ayuntamiento, mantiene el acuerdo que se elaboró esta semana para poder cumplir la sentencia del TSJC contra el Plan de Empleo que obliga a más de un centenar de trabajadores a regresar a sus condiciones laborales de 2010, tal y como advirtió el secretario general, Octavio Fernández, quien no ha bendecido este acuerdo que hoy se llevará en el segundo punto de un largo orden del día del pleno municipal.

comunicado trabajadoresAnte las dudas surgidas por la postura del secretario, ayer volvió a reunirse la Mesa General de Negociación que mostró su total apoyo a la propuesta del concejal de Personal, Francisco Pinto. Una propuesta que se basa en el fallo de la sentencia emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y donde se recoge literalmente “anulando acuerdo del pleno 14 de enero de 2010, que aprueba definitivamente el Plan Operativo de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en cuanto a la declaración de personal laboral indefinido al personal laboral temporal que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 15.5 y Disposición Adicional 15ª del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la aprobación de la conversión laboral indefinida en funcionarios interinos”.

Además, posteriormente a esa reunión, el alcalde, José Gumersindo García Trujillo, junto a Francisco Pinto y el gerente municipal, Juan José Acosta, convocaron a los funcionarios interinos afectados por la sentencia para transmitirles directamente la propuesta que se iba a presentar en el Pleno por parte del grupo de gobierno.

En está línea, el concejal de Personal destaca el consenso que se ha mantenido entre los representantes sindicales de los trabajadores y el Ayuntamiento.

El CSI-F emitió al final una nota en donde denuncia “la politización que vienen realizando terceros para conseguir la paralización de los servicios públicos del Ayuntamiento, creando inseguridad jurídica a los empleados afectados, sin entender con qué finalidad”, señala el sindicato.