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Legitimidad democrática – Por Isidoro Sánchez García

   

Después de las fanfarronerías televisivas de Jordi Évole, acerca de la asonada de Tejero el 23-F de 1981, me surgen algunas dudas acerca de nuestro caminar por la senda de la legitimidad democrática. Ya lo señalaron dos catedráticos constitucionalistas, en nombre propio y de varias decenas de profesores universitarios y altos funcionarios de la Administración al evocar otros asuntos. Sentenciaron de manera categórica que algo estamos haciendo mal al observar los nuevos pactos generacionales, orientados a legitimar las decisiones, parapetándose en la Constitución española de 1978. Ponían como ejemplo el medio centenar de decretos leyes que se habían convalidado desde la llegada del PP al poder, en las Cortes Generales. Casi todos ellos sin apenas debate político y admisión de enmiendas. Dos de los casos que me llamaron recientemente la atención fueron los promovidos por los ministros responsables de la energía tanto en la última etapa del PSOE, a finales de 2010, como al comienzo del PP, enero de 2012. Me refiero a los ministros Sebastián y Soria. Utilizaron de manera torticera el artículo 86 de la Constitución para elevar propuestas eléctricas al Consejo de Ministros en materias relacionadas con las primas a las energías renovables en el marco de la reforma del sector que no acaba de arrancar. Por eso me pregunté una y otra vez, cuando se recortaron las retribuciones económicas a las instalaciones renovables de Canarias y otras CC. AA. que generaban electricidad en el llamado régimen especial previsto en el R.D. 661/2007, dónde estaba la extraordinaria y urgente necesidad para que el Gobierno español dictase disposiciones legislativas provisionales que tomasen la forma de decretos-ley. En cualquier caso no podrían afectar al ordenamiento jurídico de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Si a ello unimos la broma sin gracia de un profesional como Évole, magnífico en los reportajes Salvados, y esperpéntico en la payasada del golpe de Estado en la tarde del 23-F, nos afirmamos aún más en señalar que algo estamos haciendo mal. Con las cosas serias no se juega, y si no que se lo pregunten a Francisco Laína y a la Casa Real. Al primero, porque espero esté recordando la Operación Palace, y a la institución monárquica por su reacción inicial al acuerdo del Ayuntamiento de La Orotava, que adoptó por unanimidad concederle la Medalla de Oro de la Villa al rey Juan Carlos, por su actitud en la comparecencia televisiva durante la noche del lunes 23-F de 1981. Sé lo que estoy diciendo porque en esos momentos era concejal de la Corporación municipal y mi hermano Francisco, el alcalde.