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Rajoy se inclina por una decisión salomónica sobre la ley turística

   
Foto de archivo del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, recibe al presidente de Canarias, Paulino Rivero, a la entrada del Palacio de la Moncloa. | DA

Foto de archivo del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, recibe al presidente de Canarias, Paulino Rivero, a la entrada del Palacio de la Moncloa. | DA

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Estaba cantado, pero no se había escrito la letra del recurso de inconstitucionalidad contra la ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de José Manuel Soria para que el presidente del Gobierno de la nación presente esa iniciativa en el alto tribunal, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE) con la indicación expresa de las disposiciones que se recurren o preceptos que supuestamente vulneran la Constitución.

La admisión de la demanda por parte del TC no suspende obligatoriamente la normativa en cuestión. Precisamente, la referencia de la Moncloa excluye esa opción. Así se lo había pedido Paulino Rivero a Mariano Rajoy durante la entrevista en Moncloa del 8 de enero y posteriormente por vía telefónica. Finalmente, y a la espera de que se concrete la reclamación, el jefe del Ejecutivo se ha inclinado por tomar una decisión salomónica: por un lado, contenta a un ministro que está necesitado de remontar el vuelo y, al mismo tiempo, le hace un guiño al mandatario canario en una etapa de distensión celebrada por ambos interlocutores. Ya lo dejó caer el jueves el portavoz del Gabinete regional, Martín Marrero. “La voluntad de diálogo es recíproca”, enfatizó.

Como el proceso puede dilatarse, no se descarta que en ese tiempo se intente llegar a un acuerdo que evite las incertidumbres y espante a los inversores en el sector que más alegrías está proporcionando a la economía isleña. Nada es imposible y todo es posible. Otra duda que en principio ha quedado resuelta se refiere al alcance de la medida. Afecta únicamente a dos apartados del artículo más polémico, y que ha movido al Cabildo de Gran Canaria, gobernado por el PP, a registrar una proposición de ley para modificar el texto.

De conformidad con el 4.2, a y c, solo serán otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como requisito para las licencias urbanísticas, cuando tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos alojativos en los hoteles de cinco estrellas o superior (…) y en los recintos extrahoteleros “siempre que el planeamiento territorial no los prohíba expresamente y con la exigencia en los apartamentos de la categoría de cinco estrellas o superior.

Se argumenta que tal limitación es “un requisito de naturaleza económica” contrario a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, del 23 de noviembre de 2009, “legislación básica estatal dictada en transposición de la Directiva del Mercado Interior de la Unión Europea”.