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Modelo agotado – Por Hugo Luengo

   

El Comité de Expertos para la Simplificación Urbanística creada por el Gobierno Regional de Canarias decía en este periódico el pasado día 4 de febrero, que la Cotmac debe ceder poder a las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos. Unos días después el mismo Gobierno regional, desde el Parlamento, envió al Comité Consultivo el anteproyecto de ley de armonización y simplificación urbanística, sostenido en la teoría opuesta, a la que su comité de sabios le recomienda.

El Comité le aconseja simplificar y asignar competencias directas a cabildos y ayuntamientos y el Gobierno hace lo contrario con su ley de simplificación, complicando y centralizando aún más si cabe la legislación canaria. Por lo visto, es posible hacer una cosa y la contraria al tiempo.

Vamos a razonar. Para poder entenderlo, lo aplicamos a su vez a alguno de los temas de actualidad vinculadas a la ordenación del territorio. El fondo de la cuestión reside en modelos opuestos de valorar la situación, la del Gobierno, reforzando el “todo público” y el “todo intervenido”, mientras que los expertos aconsejan liberar y simplificar el sistema, dando protagonismo a la empresa y a la iniciativa privada, asignar competencias exclusivas y reducir los interminables trámites burocráticos. El Gobierno, en cambio, vuelve a operar en sentido contrario.

Curioso resulta en este proceso, que salvo excepciones, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales compartan básicamente el modelo del Gobierno. Ello posiblemente no tenga que ver con su sistema de financiación.

Vamos a analizarlo para cuatro temas de actualidad, en el ámbito de la ordenación del territorio. Primero la ley de la moratoria impide nuevos desarrollos hoteleros en Canarias, bajo el pretexto de conservación del territorio y control de la calidad de la oferta turística. El territorio se conserva directamente con la oferta de suelo urbanístico y la calidad, con la normativa. La cantidad la regula el mercado, dentro de estos límites, mejor asignador de recursos y más eficaz que el Gobierno. Por lo visto a los establecidos no les gusta competir.

Segundo, la ley de renovación turística, complementaria de la anterior, igualmente intervencionista. Un sistema sin capacidad de renovación, perece. No es suficiente el mecanismo de la reposición, es necesario abrir los segmentos de calidad, sin cargas ni sobrecargas absurdas. Desde aquí la posición del Cabildo de Gran Canaria es totalmente razonable, como ha dicho también en estos días Dña. Ana Oramas, razonándola desde el referente insular.

Tercero, la nueva ley de simplificación administrativa”, orwelliana forma de llamarla, se encargará de redondear el control del Gobierno sobre el sistema, complicando los trámites innecesariamente. No habrá con ella iniciativa urbanística que no se atrase al infinito. Sus redactores no viven en el mundo real. El que gestiona e invierte precisa de dos condiciones, que esta ley asegura que no van a tener, imprescindibles para que exista “seguridad jurídica” y por lo tanto inversor, esto es “mercancía y plazo”. La mercancía no está clara, porque su contenido puede variar en el proceso cuantas veces quiera la Administración y el plazo es infinito porque es imposible precisarlo. Para que nuestros lectores lo entiendan, buena parte de las recientes iniciativas de inversión en Canarias están fracasando aquí, gracias a nuestra intervencionista Administración, una máquina de generar inseguridad jurídica.

Cuarta, la ley de directrices comparte igualmente la lectura intervencionista señalada. En momentos de crisis, aunque el Gobierno no crea que estemos en ella, ya que con subir impuestos y aumentar la intervención sueña que la resuelve, se exige simplificar de verdad. Crear cuantas condiciones sean para el máximo de operadores, con pocas reglas, sencillas y eficaces, de las de cumplir. El Gobierno de árbitro no de jugador.

Hemos entrado en otra época, donde Canarias, para sobrevivir, debe abordar cambios sustanciales, en nuestra opinión lejos del modelo que el actual sistema sostiene y cercanos a la iniciativa de la empresa y la sociedad. No hacemos más que poner obstáculos a ello. Tenemos miedo al emprendedor y con ello a nosotros mismos.

Por cierto, me olvidaba: el sistema que aquí defendemos es el ahora legal en la Unión Europea y en España, luego de la aprobación del Tratado de Lisboa del 2006 y la legislación de liberalización de servicios. Hemos cambiado de época y el modelo pasado está agotado.

*ARQUITECTO Y URBANISTA