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Negativa del Ayuntamiento a la ley que recorta sus competencias

   
El alcalde afirma que se seguirán prestando determinados servicios en Granadilla “diga lo que diga la Ley”. | DA

El alcalde afirma que se seguirán prestando determinados servicios en Granadilla “diga lo que diga la Ley”. | DA

NICOLÁS DORTA | Granadilla

El Ayuntamiento de Granadilla ha sido el primero de Canarias en reaccionar ante la Ley 27/2013 del Gobierno del Estado, que busca la “racionalización y sostenibilidad”, recortando el gasto de las administraciones locales, descentralizando determinados servicios para evitar que las competencias se solapen con las del resto de administraciones. Esta Ley dice, entre otras cosas, que las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no se les atribuye y para las que no cuenten con la financiación adecuada. De igual modo, pretende reforzar el papel de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares o entidades equivalentes y fomentar la “fusión voluntaria” de municipios para “racionalizar sus estructuras”.

En el caso de Granadilla, que se posicionó ayer en el pleno por unanimidad con una propuesta contra dicha ley, los servicios afectados tienen que ver con la atención de mayores, la bolsa de vivienda municipal, el Centro de Interpretación Agrícola Las Crucitas, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, actividades extraescolares educativas, servicios de permanencia en los centros educativos, la ludoteca infantil en Granadilla casco, el apoyo al sistema educativo con actividades, las becas de estudiantes para infantil, primaria y secundaria, el desarrollo agrícola, ganadero y actividades o servicios y centros dirigidos por la tercera edad, además de la dinamización juvenil.

En estos momentos existe una situación de incertidumbre mientras se deciden las competencias. Es una situación a la que el Ayuntamiento no está dispuesto a soportar, y por ello seguirá prestando estos servicios con dinero propio. Mientras, ha solicitado al Gobierno de Canarias y al de España que se pronuncie para ver quién asume estas competencias. “Continuaremos prestando todos los servicios que hasta ahora se venían haciendo a los ciudadanos hasta que el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo regional manifieste qué ocurre con los mismos”.

“Lo que no podemos hacer ante esta ley ni racional ni sostenible es quedarnos de brazos cruzados mientras otras administraciones deciden qué hacer”, comentó ayer a este periódico el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas. “Hemos venido prestando competencias que afectan a la comunidad autónoma pero que hemos venido prestando desde la etapa democrática, como el Centro de Mayores Rodolfo Campos, que no pertenece a ninguna administración”, afirmó el socialista.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Esteban González, asegura que el Ayuntamiento ha hecho “una interpretación de la ley” valorada por los técnicos. La idea es buscar “un punto de encuentro” y “aplicar el sentido común”, dijo, pues “si no, la Agencia de Desarrollo Local, por ejemplo, hubiese desaparecido desde que en enero entró en vigor dicha ley, pero nosotros la seguimos manteniendo hasta que se pongan de acuerdo en competencias. A juicio del edil del concejal del PP, “muchos ayuntamientos estaban a la espera de lo que haga Granadilla”.