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“No vamos a permitir que se recorte en servicios sociales”

   

N. T. | Santa Cruz de Tenerife

El cierre del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito cuenta con la férrea oposición de Alicia Álvarez, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, y así lo manifestó ayer a este periódico, al asegurar que van “a luchar para que no se recorte ni un euro ni tampoco un solo puesto de trabajo en servicios sociales”. “Esa es nuestra prioridad y vamos a pelear por eso”.

Álvarez no quiso profundizar en el cierre de este servicio que prepara el área de Recursos Humanos del Consistorio y cuyo desmantelamiento ya intentó el año pasado. La edil de Asuntos Sociales solo añadió: “No vamos a ir contra la ley pero sí a pelear y buscar las fórmulas que permitan mantener en activo este servicio”.

El Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito, es un servicio de información y asesoramiento jurídico gratuito, en el que se presta asesoramiento individual y personalizado. Desde su puesta en marcha, en 1996, y hasta el 2012 ha realizado un total de 19.658 asistencias, a las que se suman las más de 1.500 que se realizaron el año pasado. Los principales beneficiados de este servicio son mujeres, que realizan una mayor demanda, tanto como que el 92% de las intervenciones que realiza el CAVD son con mujeres.

La mayor fuente de remisión de las personas que son asistidas provienen de las propias Unidades de Trabajo Social (UTS), Policía Nacional, Policía Local, Asociaciones…, y los motivos por los que acuden al centro es variado: violencia de género, acoso sexual, violencia sexual, impagos de pensiones, órdenes de alejamiento, amenazas, coacciones…

Tres trabajadoras
Son tres las empleadas que desarrollan su trabajo en el CAVD (una asesora legal, una criminóloga y una administrativa) y el motivo que se les ha dado para proceder al cierre de este servicio tiene que ver con cuestiones económicas. Concretamente, la falta de subvención que se recibía por el Gobierno de Canarias para financiar el centro. Según el sindicato CGT el único coste que genera el CAVD son los salariales ya que el mantenimiento de este centro no genera otros costes al encontrarse su sede en el mismo edificio del IMAS.
Además, según pudo saber este periódico, hace ya tres años que no se cuenta con la citada subvención, reconvirtiendo el centro en un servicio de asesoramiento jurídico para los usuarios del IMAS, por lo que no se entiende que ahora se alegue cuestiones económicas.