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La patronal de la construcción minimiza el impacto del recurso

   
Rueda de prensa posterior a la reunión entre Fepeco y el director general del Tesoro. | JAVIER GANIVET

Rueda de prensa posterior a la reunión entre Fepeco y el director general del Tesoro. | JAVIER GANIVET

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El recurso de inconstitucionalidad anunciado por el ministro José Manuel Soria no parece que vaya a interponerse como una pala mecánica en la inversión de 1.850 millones de euros que el Gobierno de Canarias ha comprometido con 10 entidades financieras que operan en las Islas.

Los empresarios de la construcción agrupados en la patronal Fepeco minimizaron ayer el impacto de ese instrumento jurídico tras una reunión en la sede de la federación tinerfeña con el director general del Tesoro y Política Financiera, Javier Armas.

“Son cosas distintas”, puntualizaron ambas partes en rueda de prensa. “No veo cómo puede afectar el deseo de un empresario de rehabilitar su establecimiento con la modificación o no de la ley para que se permita la edificación de nuevos hoteles de cuatro estrellas”, resaltó el vicepresidente de Fepeco, Diego Vega. En similares términos, Armas explicó que la ejecución de la mencionada línea de crédito se realiza desde otro andamio. “En principio”, expuso con cautela, “lo que ocurra con ese contencioso no influye directamente en el desarrollo de los convenios”. Entre otras razones, detalló el alto cargo, porque para la renovación (del inmueble o del entorno) únicamente se requiere una licencia municipal y la inversión. “No nos anticipemos”, remachó en una implícita invitación a poner manos a la obra. Sobre ese mismo aspecto, la vicepresidenta de Fepeco, Ángeles Palmero, sacó la brocha para quitarle color político a “determinadas acciones” y pintó “un escenario de oportunidades para los emprendedores y el empleo”. Paralelamente, ya se han movilizado 18 millones de los 200 del préstamo concertado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).


El proyecto grancanario, sin contratista
La iniciativa del Cabildo de Gran Canaria para que se modifique la ley de modernización y renovación turística al objeto de que se permita la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas con límites cuantitativos y temporales se encuentra en la recepción del Parlamento a la espera de que el contratista autorice el debate del proyecto. Antes de que Soria colocara la primera piedra del recurso de inconstitucionalidad de la normativa aprobada en mayo de 2013, la mayoría (CC y PSOE) ya había decido retrasarlo hasta conocer el resultado de los contactos bilaterales entre las administraciones implicadas. Es decir, como muy pronto sería en marzo. Pese a la advertencia del ministro, aún no ha sonado la campanilla que lleve a los grupos gubernamentales a desatrancar la puerta a la oposición tampoco le conviene que entre de tapadillo.