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Petróleo contaminador – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Ya estamos como siempre: dos visiones contrapuestas de una misma realidad, dos enfoques antagónicos irreductibles, dos bandos radicalmente enfrentados. La iniciativa del gobierno de Canarias en favor de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas que se propone poner en marcha Repsol, junto con sus socios alemán y australiano, en aguas situadas a unos 60 kilómetros de las costas del archipiélago, ha destapado la caja de los truenos y dado lugar a la clásica división de opiniones.

Se diga lo que se quiera, el ejecutivo de Paulino Rivero está siendo irreprochablemente solícito con la legalidad vigente. Cuida las formas de modo exquisito y no se desvía de su ámbito competencial. Hasta la puesta en escena del acuerdo del Consejo de Gobierno, con el presidente a la cabeza secundado por todos los consejeros, dio al acto una solemnidad y una altura inusuales, tratando de reflejar la importancia de la propuesta. Personalmente me encuentro entre quienes consideran que el gobierno está en su perfecto derecho al asumir una iniciativa de fuerte carga política -incluso en momentos especialmente delicados, ya que coincide con la cuestión catalana-, pero prevista en las leyes, desde la Constitución al Estatuto de Autonomía. Cosa distinta es si resulta o no oportuno plantear en la actual coyuntura un proyecto de naturaleza muy sensible porque involucra al gobierno central y le obliga a adoptar una decisión -la que fuere, que tanto da a estos efectos si se autoriza o no el referéndum- de indudable trascendencia, no sólo para Canarias sino también para el conjunto del país.

Según me comentan, alguien muy cercano al presidente Rivero alumbró la idea de la consulta popular. Y lo que fue una ocurrencia inicial acabó tomando forma tras el estudio de sus múltiples vertientes y posibilidades y la obligada consulta entre dirigentes nacionalistas de la máxima confianza y después con los socios de gobierno y con expertos constitucionalistas. Todo parecía legal, irreprochable bajo cualquier punto de vista jurídico, y además otorgaba al gobierno de Canarias la posibilidad cierta de, sin desgaste alguno, recuperar la iniciativa política, sensibilizar a las masas de seguidores y simpatizantes sobre un asunto en el que resulta fácil apelar a cuestiones identitarias y sentimentales, ganar rédito electoral y colocar la pelota en el tejado del ejecutivo de Rajoy.

Este último aspecto es el que va a condicionar un juego aparentemente noble y legítimo pero que lleva consigo una carga inevitable de perversidad y que de hecho coloca a los dirigentes gubernamentales en una muy incómoda posición. Disponen de la mayoría absoluta necesaria para decidir en las instituciones la suerte de la propuesta canaria y tendrán que cagar con las responsabilidades que se deriven de su decisión final. Si dicen sí al referéndum, abren una puerta a posibles peticiones de corte similar por parte de otras comunidades autónomas, al margen del agravio comparativo que con toda probabilidad esgrimirían los nacionalistas catalanes que ya cuentan con el no de Madrid para su propia consulta popular; una consulta que obviamente nada tiene que ver con la canaria, ya que pretende romper la unidad nacional y proclamar la independencia de Cataluña. Y si el PP dice no, queda garantizado su uso populista por parte del nacionalismo y el socialismo canarios en el sentido que les es más favorable: se niega la voz al pueblo para que exprese su parecer.

Por eso, aun siendo legítima, se mire como se mire, la propuesta canaria constituye una trampa para el gobierno central. De ahí deriva el interés de Paulino Rivero para informar al presidente Rajoy, antes incluso de la reunión del Consejo de Gobierno que la aprobó, acerca del alcance de la consulta, su motivación social, los antecedentes del asunto, etc. Sabe además el jefe del ejecutivo canario lo que piensan los ciudadanos de las islas acerca de las prospecciones petrolíferas (varias encuestas coinciden en general en que entre el 55 y el 60% se oponen) y, puesto a efectuar cálculos electorales de cara al futuro, la petición de permiso para poder realizar el referéndum le coloca ante sus seguidores en una posición inmejorable ante una eventual renovación de su candidatura a la presidencia del próximo gobierno.

Además de las ventajas reseñadas, el Partido Popular de Canarias -en esto coinciden socialistas y nacionalistas- pagaría electoralmente la más que probable negativa del gobierno nacional a la autorización del referéndum. El PP regional da por sentado que Madrid dirá no porque en otro caso su papel sería aún peor, ya que Soria no está dispuesto a que nadie de sus correligionarios se oponga a las prospecciones petroleras, pese a que el PP balear sí las desaprueba en sus aguas -por las mismas razones de incompatibilidad del modelo turístico con la eventual explotación del oro negro, lo cual resulta falso de toda falsedad vista la experiencia de distintos países-, aunque en modo alguno se va a sumar a la iniciativa canaria en favor del referéndum.

Descartada, según todos los indicios y las declaraciones de responsables gubernamentales en Madrid, la autorización del referéndum -cuyo resultado yo no vería tan claro si se pudiera celebrar una campaña abierta, en igualdad de condiciones, con transparencia y limpieza-, habría que preguntar al gobierno autonómico a qué viene ahora ese repentino amor a la democracia participativa o directa cuando ha venido obstaculizándola por sistema. Por ejemplo, con las iniciativas legislativas populares, que es la mejor forma de participación ciudadana en las tareas parlamentarias. Cuestiones como el REF, las listas de espera sanitarias, el cierre del anillo insular, algunos planes generales, la propia gestión gubernamental sobre cuestiones como la pobreza o el desempleo podrían ser sometidas a referéndum. Ya que no se hizo con otros asuntos medioambientales como las torres de Vilaflor o el puerto d Granadilla, el gobierno debería dejar abierto el melón de las consultas periódicas si considera que este tipo de democracia está más de acuerdo con los intereses generales.

El populismo y la demagogia llevan muchas veces a la simplificación de los problemas y a soluciones que pueden ser electoral o políticamente rentables en determinadas coyunturas como la actual, donde a los gobiernos se les acumulan los problemas y los desgastes de imagen, las soluciones no resultan nada fáciles y lo cómodo es recurrir a medidas efectistas no siempre aconsejables, sobre todo cuando carecen de práctica y tradición. Las consultas populares son habituales en Suiza, pero muchas de ellas no alcanzan su propósito por la baja participación de los ciudadanos. En cambio en países de irreprochable tradición democrática, como Estados Unidos, el Reino Unido o Francia, los referendos son prácticamente inexistentes. No se es más demócrata porque se apoye la consulta directa, que suele reservarse para asuntos constitucionales o de gran relevancia nacional, como el caso de la OTAN, donde por cierto el gobierno socialista empezó pidiendo el no y terminó, en plan pucherazo, apoyando la campaña.

En el caso de las prospecciones cabría la posibilidad de que el gobierno central estuviese dispuesto a decir sí al referéndum, pero a condición de que se llevara a cabo en todo el territorio español. Al fin y al cabo, si la cuestión tiene legítimo interés para Canarias, ¿cómo no va a tenerlo para España si es el conjunto del país el que se beneficiaría del petróleo extraíble, en caso de que exista en el subsuelo marino? La pregunta subsiguiente me parece obvia pero obligada: ¿Aceptaría el gobierno de Canarias el resultado de una consulta de esta naturaleza? ¿La consideraría vinculante, más que consultiva, como pretende? Y dos preguntas más: ¿podría la cuestión petrolea interferir las actuales negociaciones del REF cuando se ha colocado al gobierno de Rajoy ante una política de hechos consumados que le desagradan? ¿Estarían dispuestas las autoridades canarias a asumir las indemnizaciones a que hubiere lugar si se retirara a Repsol y sus socios la autorización para realizar prospecciones y en su caso extraer el crudo o el gas que pudiera existir?