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Política de tierra quemada – Por Francisco Pomares

   

Con la agricultura mantenida, la industria pesada vieja, contaminante y en vías de desaparición, el comercio languideciente y la construcción parada, el turismo es la única actividad económica que aún es capaz de generar riqueza y empleo en las islas. En los últimos años las cifras de crecimiento del sector turístico se han convertido en la cataplasma curalotodo que ha permitido seguir tirando a una economía regional tocada de muerte en el resto de los sectores. Durante esos años, tras el frenazo a la ocupación del territorio que supusieron la moratoria y las directrices, la política ha estado razonablemente alejada del turismo. La decisión de encajar las competencias de turismo en Presidencia del Gobierno, haciendo desaparecer la consejería, fue justificada no como medida de ahorro, sino como fruto de la voluntad del presidente de dotar de mayor nivel e interlocución política a la actividad estrella en Canarias. En realidad, la medida no supuso aumento del nivel de atención al turismo, sino una búsqueda de proyección política de Rivero en un sector de éxito. Aún así, la intromisión política siguió siendo de baja intensidad. Y siguió igual hasta la aprobación de la Ley de renovación turística y el debate sobre los hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria, que la ley condiciona a procesos de rehabilitación. Desde ese momento, la política se ha enseñoreado de un debate que debiera haber discurrido por derroteros más técnicos. La posición del Cabildo grancanario (la de la patronal de la isla), favorable a permitir la construcción ex novo de hoteles de cuatro estrellas, ha acabado por convertirse en posición del PP y del Gobierno de Rajoy, que anunciaba el domingo, por boca de su ministro canario, la presentación de un recurso contra la Ley ante el Constitucional. El Gobierno regional, además de reaccionar aplazando de nuevo el debate parlamentario de la propuesta grancanaria, ya ha anunciado que si se producen medidas cautelares para suspender la aplicación de la ley, se utilizaran otros mecanismos para paralizar las licencias que pudieran conceder los cabildos. Y eso al margen de que las cautelares del Constitucional devolverían la vigencia a la ley anterior, aún más restrictiva que la actual. Todo un berenjenal político en un debate que tendría que haberse resuelto buscando un acuerdo razonable sobre las reclamaciones grancanarias. Pero estamos en un tiempo del todo o nada, en el que el partidismo sustituye a la razón. Si lo que Soria quería era favorecer la construcción de hoteles de nueva planta en Gran Canaria, la verdad es que ha hecho un pan como unas tortas. Ya se lo han dicho los empresarios. Pero me temo que es tarde para intentar llegar a un acuerdo…