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Preguntas y respuestas – Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Paulino Rivero pretende convocar un referéndum para que la población de las Islas se pronuncie sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Es un tema que se ha convertido en estrella y casi monográfico -obsesivo- de su mandato. Cualquiera diría que deberían preocuparle más y debería dedicar más tiempo y esfuerzos a las cifras de paro y a la situación de la sanidad entre nosotros, igual que al perceptible aumento de la pobreza y la marginación social que se está produciendo en el Archipiélago. Pero no; dedica más energía al petróleo que a los auténticos problemas que sufrimos los canarios. Y la razón es evidente. Es un asunto con el que puede presionar y crear dificultades al Gobierno del Estado, y de eso se trata precisamente. Además, en esta aventura le acompañarán siempre de buen grado sus socios socialistas de Gobierno. Y, por si fuera poco, con la polémica del petróleo distrae la atención de la opinión pública de su gestión y de su incapacidad para resolver nuestros auténticos problemas, más allá de echarle la culpa de todo a Madrid.

Pero no todo van a ser críticas. Hay que apresurarse a reconocerle su voluntad declarada de mantenerse dentro del marco constitucional y legal (eso ha dejado de ser obvio y consabido en los tiempos que corren), y, por consiguiente, de establecer sustanciales diferencias con la situación de Cataluña y con el referéndum independentista -anticonstitucional- que intenta Artur Mas. En esa línea, Rivero ha evitado incurrir en la política catalana de hechos consumados, y, por ejemplo, ha asegurado que comunicó -o intentó comunicar- a Rajoy sus intenciones antes de anunciarlas públicamente el lunes pasado (aunque respecto a la cronología de la llamada hay polémica). Su principal argumento para defender la constitucionalidad y la legalidad de la consulta es que su resultado no afectaría a la Constitución ni al resto del ordenamiento jurídico, y únicamente tendría que ver con una decisión política: la autorización del Gobierno español a Repsol para realizar las prospecciones. ¿Es correcto este argumento?

Pues no, no es correcto. Y no es correcto porque olvida el dato fundamental, que estos días le ha recordado José Manuel Soria, el ministro que Rivero ha adoptado como enemigo particular. Olvida que la competencia para autorizar las prospecciones es una competencia del Estado y no de Canarias; y, por lo tanto, que una parte del pueblo del Estado -los canarios- no se puede pronunciar sobre ella. Si se celebrara, el referéndum debería tener carácter nacional y participar en él todos los españoles. En resumen, un referéndum canario sobre el ejercicio de una competencia del Estado devendría en inconstitucional e ilegal. A mayor abundamiento, este argumento estrictamente jurídico tiene una vertiente política y social. En el caso de que se encontrara petróleo en cantidades importantes, los beneficios serían cuantiosos para todo el pueblo español y no solo para los canarios. De modo que las prospecciones afectan directamente a todos los españoles y no solo a los canarios, como sostiene Rivero. Y los canarios no tenemos derecho a decidir sobre el futuro del conjunto del pueblo español y, eventualmente, a privarle de unos cuantiosos posibles beneficios. Ése es el fundamento de que la competencia para autorizar las prospecciones sea del Estado y no de Canarias.

El Gobierno canario ha aducido que comparte con el Estado competencias sobre materias supuestamente afectadas por las prospecciones, tales como la ordenación económica, el turismo y la protección del medio ambiente. Sin embargo, no es legítimo deducir una competencia compartida o concurrente en materia de prospecciones petrolíferas: la competencia es del Estado, y Rivero y su gente se quedan sin argumentos. Se nos dirá que el impacto medioambiental podría afectar a Fuerteventura y a Lanzarote, y no al resto del Estado (y de Canarias), pero, si ese impacto existiera, los intereses de una parte han de ceder ante el bien común de los intereses del todo. Y tendríamos que valorar en qué medida se ven afectados ambos intereses. Es un principio que los alemanes denominan “lealtad federal”, y que nuestros nacionalistas sustituyen por la deslealtad y la insolidaridad.

Habría mucho que decir sobre el supuesto impacto medioambiental, nunca demostrado y siempre exagerado hasta el paroxismo y la tergiversación por los adversarios de las prospecciones. Hay ejemplos de lo contrario en todo el mundo. Sin ir más lejos en Noruega, cuya economía se basa en el petróleo de sus prospecciones, que conviven con un turismo boyante y un ecologismo modélico. La imagen de unas playas canarias contaminadas de petróleo a causa de las prospecciones es radicalmente falsa. Mayor contaminación producen los petroleros que limpian fondos en nuestras aguas continuamente.

“¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?” es la pregunta que el Ejecutivo canario ha elaborado para el referéndum. Nosotros proponemos otra: “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno canario siga manipulando las prospecciones de petróleo y sin ocuparse de nuestros auténticos problemas?”. Sería interesante comprobar las respuestas.