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El referéndum – Por Leopoldo Fernández

   

Como era previsible, se obtuvo el acuerdo parlamentario sobre las prospecciones petrolíferas, con el voto en contra del PP. Ahora se solicitará permiso al gobierno central para llevar a cabo la consulta popular a fin de conocer la opinión de los ciudadanos sobre sí están o no de acuerdo con tal operación en aguas situadas a unos 60 kilómetros de las costas canarias. Aunque oficialmente nadie ha hablado, el propio PP canario ha adelantado que Rajoy dirá no al referéndum. La potestad discrecional del ejecutivo central para decidir lo que crea conveniente debe ser contemplada desde una doble dirección: la defensa de los intereses nacionales -a la que ayer mismo aludió el presidente durante su intervención en el Congreso, en respuesta al diputado grancanario Pedro Quevedo-, que pasa por la explotación, con las máximas garantías de seguridad, de las riquezas nacionales existentes en tierra firme y en el subsuelo marino -no tengo ninguna duda de que CC haría lo propio si gobernara para el conjunto de España-, y la conveniencia política de no abrir un melón de esta naturaleza porque las peticiones de referendos se extenderían como una balsa de aceite en las comunidades autónomas situadas en zonas costeras. Puede ser irresistible para algunos gobiernos caer en la tentación demagógica y populista de utilizar el petróleo como arma electoral, manipulando al pueblo y tergiversando la realidad. Claro que es legal, y legítima, y lícita una consulta popular. Lo que no resulta legal, ni lícito, ni legítimo es su utilización fraudulenta y la pretensión de que sobre este asunto se pronuncien sólo los ciudadanos de Canarias cuando se trata de un asunto de interés nacional como es -pese a sus fines rupturistas e ilegales- el referéndum catalán. Los argumentos esgrimidos en el parlamento han sido más de lo mismo, por parte de todos. Ninguna idea original, ninguna propuesta y el clamoroso contrasentido, que denunció Román Rodríguez, de decir no al petróleo pero sí al gas y pasar por alto riesgos evidentes, como la existencia de la refinería o la conveniencia de llevar a consulta popular temas como las reformas electoral, administrativa y estatutaria pendientes. En lo que atañe a las posturas contradictorias entre el PP balear y el canario sobre la cuestión petrolera, una incoherencia tan flagrante no debiera servir de excusa para que el gobierno canario adopte una posición sensata, rigurosa y congruente. Pero todo se ha hecho mal, en Madrid y en Canarias, y nadie parece capaz de rectificar. Las prospecciones van a ser autorizadas y, si hay petróleo, será extraído, eso sí, con las máximas garantías de protección medioambiental. Lo grave es que esto lo sabe el gobierno canario y no rectifica ni a la de tres.