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La refinería – Por Leopoldo Fernández

   

No acabo de salir de mi asombro. En vez de ocuparse de solventar los problemas de los ciudadanos, algunos políticos dedican el tiempo a distraerse y entretener al personal con propuestas estrambóticas e imaginativas, pero carentes del más mínimo sentido de la oportunidad. Es el caso de las iniciativas difundidas por Fernando Ríos, comisionado para el autogobierno de Canarias, y José Manuel Corrales, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, sobre la refinería capitalina. El primero anuncia que el Ejecutivo autonómico estudia distintas alternativas, como la puesta en marcha de una planta de biodiesel en los terrenos que hoy ocupa la industria. El segundo propone la creación de un monte urbano, una playa y un paseo marítimo en una parte del solar, dedicando la otra a equipamiento social y zonas de ocio y carnaval. ¿A qué viene esa precipitación, ese afán de presionar a la sociedad propietaria de la refinería? ¿Qué se pretende con esa especie de acoso y derribo, incluso persecución, que desde hace meses se viene observando sobre la empresa petrolera? La refinería pertenece a una empresa privada -la sociedad de Abu Dhabi IPIC-, legalmente establecida y que paga sus impuestos como manda la ley. Su actividad está debidamente regulada y si, por la razón que sea, se desvía de sus objetivos y viola el marco jurídico vigente, puede ser sancionada. Como es lógico, las autoridades tienen la obligación de velar por la salud de los ciudadanos, de ahí la obligación que tiene esa industria de atenerse a unos parámetros máximos de emisiones contaminantes que, de ser violados, pueden acarrear severas sanciones e incluso el cese de la actividad. Más allá de esa vigilancia -inexcusable, cuidadosa, permanente-, la empresa tiene todo el derecho a poder seguir realizando su función industrial con plena seguridad jurídica, sin la menor intromisión de las autoridades en sus proyectos actuales y futuros. Vivimos en un estado de derecho y nadie puede inmiscuirse en la vida de una empresa privada, a menos que ésta violente la legalidad o condicione los intereses generales, lo que hasta el momento no ha ocurrido, ya que Cepsa cumple con todos los estándares exigidos. Es más, pese a tantos rumores y descalificaciones, al igual que ocurre en otros muchos países -en la España peninsular, EE.UU., Méjico, Venezuela, Israel, Rusia, etc.-, la refinería es compatible con la normal vida en la capital. Y si no fuera así, que se adopten las medidas tajantes e procedan. Pero nada de especular ni suponer lo que hoy por hoy resulta inviable, sin la voluntad expresa y libérrima de la empresa. ¿O es que alguien piensa expropiar por las bravas esta industria estratégica y vital para las Islas mientras cumpla las leyes en vigor?