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Una reforma ajena al interés de la sociedad – Por José Antonio Valbuena Alonso

   

El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, una propuesta de reforma de la actual ley del aborto que, lejos de resolver una problemática social, lo que hace es incrementar la crispación de miles de ciudadanos que no logran entender las razones que han llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a modificar una normativa que cuenta con gran aceptación social y en la que se establece un equilibrio entre la protección de los derechos de la mujer y del feto.

Nadie del Estado, ni siquiera el ministro de Justicia y principal valedor de este proyecto de reforma, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido capaz de dar una explicación convincente a la opinión pública acerca de los motivos que han llevado al Gobierno de España a centrar sus actuales esfuerzos en esta reforma, en lugar de dar respuesta a las legítimas demandas socio económicas que sí les está transmitiendo la sociedad.
La única explicación que viene a la mente de muchos de nosotros es que, a falta de un año de las elecciones generales, el Partido Popular busca asegurar el apoyo de los votantes que, como el ministro Gallardón, comparten una ideología radicalmente conservadora que, según hemos podido comprobar, ni siquiera cuenta con el consenso de todos los miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Lo que está claro es que se trata de una reforma que no aporta ningún beneficio a la sociedad. Muy al contrario, lo que hace es segar los derechos adquiridos décadas atrás por las mujeres españolas y limitar su autonomía como ciudadanas de un estado democrático en el que todos debemos poder decidir y pensar libremente, especialmente en asuntos tan sensibles como éste, que afecta a lo más íntimo del ser humano.

La norma vigente, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, establece un plazo de 14 semanas para que la mujer decida acerca del futuro de su embarazo, pudiéndose prolongar en caso de la detección tardía de anomalías fetales graves o de que exista un riesgo serio para su salud. Sin embargo, el proyecto de reforma del PP vuelve a contemplar el aborto como un delito penalizado, salvo en dos únicos supuestos, como son la violación y el grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Además, endurece de manera considerable los requisitos para acreditar ambos supuestos, que obligan a las mujeres a cumplir con un proceso administrativo largo y tortuoso, que incluye el dictamen de varios médicos, en un momento especialmente doloroso para ellas. El volver a los tiempos de la penalización asociada a la falsa idea que la mujer que aborta lo hace por un supuesto deseo de interrumpir la gestación de su embarazo sin más es sencillamente la muestra de que algunas personas pararon su reloj intelectual el 20 de noviembre de 1975 y solamente ahora, después de la mayoría absoluta del PP, lo han vuelto a poner en marcha, como es el caso de Alberto Ruiz-Gallardón. Detrás de cada decisión se esconde un drama personal que la Ley que se pretende derogar trataba de forma adecuada y que nos ponía a la vanguardia de los países desarrollados.

Es un proyecto anclado en otra época y en una ideología retrógrada, con el que además de aumentar el sufrimiento de las mujeres que se encuentra en esa delicada situación, se dejan de lado asuntos tan importantes, como la educación sexual, que resultan prioritarios en una sociedad plural y avanzada, como debe ser la España actual.

Este proyecto que impulsa el PP tiene sus días contados, y más pronto que tarde será modificado como otras tantas cosas que ha hecho el PP para hacernos retroceder 30 años en derechos civiles.

Por todos estos motivos, desde el Cabildo Insular de Tenerife hemos aprobado una moción, a propuesta del Grupo Socialista, en la que instamos al Gobierno de España a que retire el actual proyecto de la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, manteniendo la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos recogidos en la legislación actualmente vigente.

Los que formamos parte del PSOE tememos que la aprobación en el Congreso de esta reforma de la ley del aborto sea sólo el primero de los pasos con el que la parte más conservadora del PP ponga en riesgo la democracia y las libertades que hemos conseguido en décadas. Por ello, esperamos que todos los dirigentes autonómicos que dicen estar en contra del anteproyecto se sumen a las mociones que desde el PSOE estamos impulsando en toda España para impedir que se siga adelante con su aprobación.

*VICEPRESIDENTE DEL CABILDO DE TENERIFE Y CONSEJERO DE COOPERACION MUNICIPAL