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A vueltas con el petróleo – Por Leopoldo Fernández

   

Con independencia de su inevitable proyección propagandística y electoral, la propuesta de celebración de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas a unos 60 kilómetros de las costas canarias no sólo puede rendir grandes réditos populistas al gobierno autonómico; también coloca en un brete al ejecutivo de Rajoy y al Tribunal Constitucional. Tras su intervención, ayer, en Radio Nacional de España, si algo me queda claro es la determinación del presidente Rivero de seguir hasta el final con este asunto, bastante más complejo e intrincado de lo que parece. No soy experto en cuestiones constitucionales pero, tras examinar la Carta Magna, la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, el Estatuto de Autonomía y otras disposiciones legales complementarias, no tengo claro que pueda resultar ilegal la celebración de una consulta popular en una comunidad autónoma sobre cualquier cuestión en la que ésta tenga legítimo interés -y las prospecciones en busca de oro negro se hallan en esa tesitura-, aunque la competencia sea de exclusivo rango estatal. De hecho, no existen precedentes ni sentencias sobre casos iguales o similares. Con lo cual sería perfectamente posible, en el supuesto de que el Gobierno central no permita la celebración del referéndum, que Canarias inicie una serie de recursos jurídicos de largo recorrido hasta concluir en el Tribunal Constitucional. Seguiríamos así enredados en una cuestión que necesita diálogo, buena voluntad y defensa a un tiempo de los intereses nacionales y canarios, desde las ópticas de la seguridad medioambiental y del mejor aprovechamiento de unos recursos cuya extracción, en su caso, debería proporcionar a las Islas un beneficio estimable aunque sólo sea por el riesgo potencial que lleva consigo esta actividad extractiva. Sin embargo, Canarias, además de dividirse en banderías, va a colocar al ejecutivo de Rajoy en una tesitura delicada ya que va a abrir un frente de posible colisión institucional en un momento especialmente delicado, con la amenaza de otro referéndum -éste manifiestamente ilegal por su fin último- en el horizonte. Es cierto que el presidente Rivero ha reiterado que no se moverá del marco jurídico-constitucional y que, en un gesto de nobleza y lealtad, llamó a Mariano Rajoy para advertirle previamente sobre las intenciones de su gobierno; pero aun así, es obvia la incomodidad del gabinete nacional tras el órdago canario. Porque abre una puerta que hoy por hoy no se sabe adónde lleva, por su posible repercusión en otras comunidades autónomas y porque se puede crear un conflicto de ámbito supranacional ya que involucra a empresas de países terceros.