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Adolfo Suárez, el presidente – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Mientras Adolfo Suárez se moría en una clínica madrileña, los medios, con su consabido y oportunista sentido de la noticia, iniciaron la esperada e inevitable serie de debates, tertulias, reportajes y películas sobre su vida y su ejecutoria políticas. Antena 3 programó una mediocre y pretenciosa película de escenas previsibles, diálogos improbables y ampulosidad de cartón piedra. Los actores, elegidos por su supuesto parecido con los personajes reales, mostraban todos los defectos de tantos y tantos actores españoles, que no saben actuar, ni interpretar, y ni siquiera hablar, porque no vocalizan y no pronuncian, sino que mascullan y se comen las sílabas. Sin embargo, la película incorpora un valor importante en su propio título: “Adolfo Suárez, el presidente”, un título anodino, pero que expone sin proponérselo la primera y fundamental realidad de la obra del político desaparecido. Porque Suárez, antes que cualquier otra cosa, fue -ha sido- el presidente de Gobierno por antonomasia de la democracia española; el único, con la secuela de Leopoldo Calvo-Sotelo, que ha desempeñado el cargo desde una genuina democracia y respetando los límites asumidos que una genuina democracia impone. Precisamente él, que procedía del Movimiento franquista.

Desde las elecciones de 1982, que consagraron la liquidación de Unión de Centro Democrático, el partido que Suárez había intentado construir infructuosamente como representante del centro derecha español y alternativa a los socialistas, todos los presidentes de Gobierno españoles, socialistas y populares, y sus respectivos partidos, han interpretado que conseguir el Gobierno significa apoderarse del Estado y de todas sus instituciones. El resultado ha sido una justicia poco fiable, politizada y sectaria, de jueces que hacen carrera no por méritos profesionales, sino por fidelidades partidistas; unas instituciones igual de poco fiables, politizadas y sectarias, desde el Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, en las que sus miembros tampoco son elegidos por méritos profesionales, sino por fidelidades partidistas con arreglo al sistema de cuotas. Y, en resumen, un Estado corrupto, reflejo de una sociedad asimismo corrupta, en donde los partidos se financian ilegalmente y los principios constitucionales de mérito y capacidad han sido sustituidos por el amiguismo, el tráfico de influencias y el partidismo más extremo. El intenso desprestigio de la clase política y de la justicia españolas no es gratuito.

A diferencia de los más importantes políticos franquistas y de muchos de sus colaboradores, Adolfo Suárez no fue un brillante profesional ganador de múltiples oposiciones. Con un bagaje académico modesto, estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado. Se benefició de algunas casualidades que impulsaron su carrera política, como el fallecimiento en accidente de tráfico de su padrino político y mentor, el ministro Fernando Herrero Tejedor, que le permitió sucederle años después en la Secretaría General del Movimiento. Y se caracterizó por un pragmatismo político radical: pertenecía al Movimiento porque era la única organización política que existía, pero ni creía en sus principios ni en su futuro. Al contrario, estaba persuadido de que era inevitable su desaparición en aras de un sistema político homologable con los Estados de nuestro entorno. Y esa fue la tarea que acometió, cuando el rey siguió las indicaciones de Torcuato Fernández-Miranda, el gran olvidado de la transición, y, cumplido el paripé del Consejo del Reino, lo designó presidente del Gobierno.

Según la costumbre española, ahora que ha muerto todo son elogios que lo mitifican y alabanzas desmesuradas. Más exactamente, cuando su larga e implacable enfermedad lo hizo invisible. Pero, desde que asumió la presidencia del Gobierno y suscitó aquel célebre fiasco del ¡Qué error, qué inmenso error!, sufrió todo tipo de críticas e invectivas. Sabía que la democracia española no sería creíble si no legalizaba al Partido Comunista, y lo hizo a cambio de ganarse la enemiga del Ejército, responsable en última instancia de su dimisión forzada. Después, y como era de esperar, los comunistas se derrotaron ellos solos en las primeras elecciones democráticas. También sufrió los ataques de los llamados barones de su partido, de la torpe y miope derecha española, en definitiva, que dinamitaron su proyecto de Unión de Centro Democrático y condujeron al propio centro derecha a una larga travesía del desierto, que aún persiste, a pesar de las apariencias. Y experimentó la ingratitud de quienes más le debían en lo personal y en lo político, incluyendo los titulares de las altas instituciones del Estado.

La desaparición de Adolfo Suárez aquí y ahora comporta un profundo simbolismo. El espíritu de la transición, que él encarnó, está liquidado. La democracia que concibió se encuentra ahogada en la corrupción y el partidismo. Y los nacionalismos desleales han dinamitado la Constitución. Si este país fuese un país normal, habría que dar por concluida esta etapa y convocar elecciones constituyentes para intentar otra nueva. Pero, tal como él tuvo ocasión de comprobar en vida, este país no es un país normal.