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Bebés robados – Por Leopoldo Fernández

   

Acaba de anunciarse el archivo, por parte de la Fiscalía, de 23 casos de denuncias presentadas en su día sobre posibles robos y/o ventas de otros tantos bebés en distintos establecimientos públicos y privados de la comunidad canaria. La razón que aduce la autoridad judicial es la imposibilidad práctica de seguir investigando estos asuntos durante más tiempo, por muy diversas razones. Debe resultar muy duro para quienes tengan algunas sospechas acerca de sus verdaderos antecedentes biológicos el que nunca puedan ser capaces de esclarecer su identidad de origen. Con los medios hoy disponibles -entre otros, las pruebas de ADN, los datos del Registro Civil, los historiales médicos, los expedientes sanitarios, las partidas de bautismo, los trámites de adopción, los testimonios sobrevenidos, etc., según los distintos supuestos-, han sido varios los casos que han podido ser aclarados; en cambio, otros permanecen en el mundo de la duda razonable, unas veces por el inexorable paso del tiempo -los robos o ventas de niños proceden en buena parte de la década de los años 40, 50 y 60 y los historiales médicos han desaparecido y no pueden cotejarse- y otras por la dificultad de comparar datos y fechas para tratar de esclarecer algunas dudas suscitadas en el curso de las investigaciones judiciales y policiales. Pero, archivo no equivale a cierre definitivo de las actuaciones, de modo que si surgiera algún dato nuevo digno de ser tenido en cuenta, siempre cabe la posibilidad de retomar cualquier caso para su eventual clarificación. Aun así, es lamentable el sufrimiento de algunas familias, pero poco más puede hacer la justicia si sus esfuerzos chocan contra el muro de lo imposible. Salvadas las distancias, estos sucesos recuerdan los de algunos desaparecidos de la guerra civil en Canarias. A estas alturas, no son pocas las familias que siguen buscando a sus deudos, unas veces fusilados y enterrados en fosas ubicadas en cualquier lugar y otras sencillamente despeñados o desaparecidos sin más. Parece razonable, al amparo de las disposiciones legales existentes -algunas de las cuales datan de los tiempos de Adolfo Suárez en la presidencia del Gobierno-, que las autoridades políticas y judiciales sigan prestando asistencia a quienes, basados en indicios racionales acerca de dónde pueden hallarse los familiares, desean recuperar sus restos mortales para darles digna sepultura. No se trata de resucitar viejos agravios, ni de volver a tiempos ya superados por la convivencia y la reconciliación, sino de cerrar las heridas aún abiertas y poner epílogo al más triste capítulo de la contienda civil, cuyos perniciosos efectos aún subsisten en la memoria de algunas familias desdichadas.