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Catarata de recursos – Por Francisco Pomares

   

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se adelantó ayer al Gobierno de Canarias y aprobó la presentación del primer recurso ante el Constitucional contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. La decisión andaluza se produce apenas un día después del encuentro del vicepresidente Pérez con Mario Bedera, responsable de educación del grupo socialista en el Congreso, y con los consejeros andaluz y asturiano de Educación. En ese encuentro se decidió, en contra de lo que inicialmente se esperaba, que los tres Gobiernos regionales que han decidido recurrir la LOMCE ante el Constitucional lo hagan de forma independiente. Canarias presentará su propio recurso esta misma semana, y es probable que Asturias también haga lo propio antes del diez de marzo, cuando se cumplen dos meses de la entrada en vigor de la normativa, y finaliza el plazo. La decisión de no presentar un único recurso, cuando los criterios contra la ley son básicamente comunes en las tres consejerías gobernadas por el PSOE, parece obedecer a la voluntad de evitar el retraso en la puesta en común de un documento conjunto, y también al deseo de soslayar las previsibles críticas a la politización de los recurrentes. En efecto, ni una sola de las comunidades gobernadas por el PP se ha sumado al recurso, a pesar de que algunas consejerías de Educación no socialistas han sido críticas con algunas de las medidas que contempla la Lomce. Los socialistas quieren impedir que se les acuse de insumisión por motivos políticos: el propio Pérez se manifestó el lunes contra la interpretación de que se pretende incumplir la ley y no aplicarla, e hizo pedagogía sobre el objetivo de mitigar los aspectos más negativos de su desarrollo normativo, insistiendo sobre todo en las contradicciones del proyecto, sus lagunas, y sus evidentes deficiencias técnicas, en las que más se ha incidido desde la comunidad educativa de las islas. Pero mientras se resuelve el recurso, el Gobierno puede hacer cosas por su cuenta. Puede comprometerse a garantizar dos cursos seguidos con el mismo profesor, puede no firmar conciertos con centros escolares que separen a los chicos y chicas, puede mantener Educación para la Ciudadanía y establecer un currículo basado en formación humanista, y puede diseñar los sistemas de evaluación y ofrecer alternativas para los alumnos que habiendo aprobado el curso sean frenados por no pasar la revalida. Son decisiones que el Gobierno de Canarias puede adoptar y que reducirán el impacto de la ley. Una ley que durará sólo lo que dure el PP en el Gobierno de la nación.