X
sociedad >

Cerca de 7.000 emigrantes canarios retornados, en la mira de Hacienda

   
Delegacion Hacienda Agencia Tributaria AEAT Santa Cruz de Tenerife FP

Sede de la Agencia Tributaria (AEAT) en Santa Cruz de Tenerife. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Aprobada en su día por el PSOE, la Ley 35/2006 fijaba la obligación de declarar las cantidades percibidas en el extranjero en concepto de pensión a partir de los 11.200 euros anuales, cuando no tienen desgravación fuera de nuestro país. La norma, pensada para el amplio colectivo de emigrantes españoles, nunca llegó a aplicarse, e incluso la propia Agencia Tributaria informaba a estas personas de la no obligatoriedad de declarar las cantidades que percibían por haber trabajado en Alemania, Francia, Noruega o, en el caso de los canarios, Venezuela, Argentina, Chile o Cuba, a donde se vieron obligados a emigrar en la posguerra. La situación, sin embargo, empezó a cambiar hace ahora un año, cuando muchas de estas personas empezaron a recibir requerimientos tributarios correspondientes a 2008, último ejercicio fiscal que no ha prescrito.

Las sanciones, que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros, podrían afectar a cerca de 7.000 de los 14.863 emigrantes canarios que, según cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, han retornado al Archipiélago en los últimos cinco años, según fuentes de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER). La mayor parte de ellos residían hasta entonces en países del centro y sur de América, denotan desde la FEAER, donde recuerdan que los pensionistas que cobran por España declaran a partir de 22.000 euros, por lo que reclaman el mismo trato fiscal. Apuntan, además, que quienes cobran una pensión en España cotizan por un 2%, mientras que a los emigrantes retornados se les exige un 10%. Hasta ahora, no obstante, cuando el retornado cobraba dos pensiones, una extranjera y otra nacional, y aunque estaban obligados a declarar, se les informaba que no era preciso. Por ello, los afectados, que en su mayoría tienen entre 65 y 90 años de edad, consideran que hubo “mala fe” y “abuso de poder”. “Nos llaman defraudadores, cuando somos emigrantes”, recalca uno de los afectados, que reitera que nadie le informó de que debía declarar la pensión del extranjero.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados recomiendan que se recurra siempre la apertura del expediente sancionador y que se compruebe que la cuantía de las pensiones que imputa la Agencia Tributaria es la correcta y que se han tenido en cuenta las deducciones por seguridad social que pueden tener algunas de estas ayudas. En este sentido, sostienen que si por ejemplo las pensiones son de Alemania y son pagadas con fondos públicos, no están sujetas a tributación en España hasta 2012.

Asimismo, aconsejan verificar que las rentas o pensiones del extranjero no son abonadas por una minusvalía absoluta, que España considera rentas exentas. En definitiva, “no limitarse a pagar sin realizar antes esas comprobaciones y algunas otras más meticulosas”. Finalmente, exigir, si es del interés de cada uno, que la liquidación se pueda fraccionar hasta el máximo tiempo legal establecido y no hasta un máximo de un año, como en la práctica se viene realizando.

“Los emigrantes volvemos a ser los grandes perjudicados de este país, del que tuvimos que marcharnos por motivos políticos o económicos; y ahora, tras un cambio de criterio en la interpretación de la norma, nos sancionan y nos vemos obligados a pagar.

Sinceramente, no se trata de no pagar, sino de que se están haciendo muchas liquidaciones de forma incorrecta”, denotan desde la FEAER, quienes inciden en que “la Administración ha cambiado de criterio de forma injustificada. Lo que antes no tributaba ahora sí lo hace y, además, con imposición de recargos y sanciones”.

En la orilla opuesta, desde la Agencia Tributaria apuntan en un comunicado que “la ley es muy clara y establece que las pensiones que tienen más de un pagador deben tributarse si superan los 11.200 euros”. “Todo está a disposición del contribuyente en Internet, a través del teléfono y en las delegaciones provinciales de Hacienda”, concluyen las mismas fuentes.

Movilizaciones en todo el país

Ante esta compleja situación, que según la Federación Española de Emigrantes Retornados podría afectar a más de 800.000 personas en toda España, la plataforma ha iniciado distintos contactos a nivel político y social para organizar una gran movilización que “cesará únicamente cuando se cumplan rigurosamente las normas que ahora se nos aplican, tanto lo que nos perjudica como en lo que nos beneficia. Sin renunciar a exigir la adopción de medidas que tengan en consideración las particularidades de este colectivo y de las rentas que provienen del extranjero, que no son fruto de la especulación sino del trabajo y del esfuerzo de muchos trabajadores españoles que se vieron desterrados de su tierra para poder sustentar a sus familias”, denotan desde la FEAER, donde recuerdan que las pensiones que este colectivo recibe del extranjero son por lo general pequeñas, y oscilan entre los 300 y 600 euros. En cambio, las sanciones por no tributarlas están entre los 3.000 y los 30.000 euros. “Muchas veces hay que pagar más de lo que se cobra al año por esa pensión”, denuncia la federación.

BNG, Izquierda Plural y PSOE han presentado propuestas en el Congreso para intentar solucionar la situación de este amplio colectivo. Los socialistas han registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja para que se lleve a cabo una campaña de información y que se ayude a los pensionistas a regularizar su situación.