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Chapuza – Por Francisco Pomares

   

Parece que la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Renovación Turística de Canarias se hizo con algo de precipitación. Madrid anunció ayer que presentará aclaraciones para evitar que la impugnación ante el Constitucional provoque la paralización de todos los nuevos proyectos que no sean consecuencia directa de un proceso de rehabilitación. Personalmente, se me escapa cual es el significado jurídico del concepto “presentar aclaraciones”. Sobre todo antes de que sean solicitadas. Si el Constitucional no entiende algo del recurso, y pide aclaraciones, es razonable que el Consejo de Ministros las ofrezca. Pero ofrecer aclaraciones a una propuesta de impugnación cuando nadie las ha solicitado, supongo yo que implica reconocer que la propuesta no está bien redactada, que es una chapuza.

Esa es la interpretación que hace el Gobierno de Rivero, cuando asegura -siguiendo el criterio de sus Servicios Jurídicos, que el recurso planteado por el Consejo de Ministros. Al plantear la suspensión cautelar de la ley, introduce de facto una moratoria temporal para todos los hoteles de nueva construcción, porque al suspender la aplicación de esa ley, suspende también la parte de la misma que establece la excepción a la moratoria que permite edificar hoteles de cinco estrellas, de nueva planta. Esa excepción contemplada en la norma recurrida desaparecería también si se anulan provisional o cautelarmente todos los aspectos de la misma, que es lo que podría hacer (o no) el Constitucional. Desde el Ministerio de Turismo se considera que tal interpretación es incorrecta e interesada, y se asegura que el objetivo del recurso presentado es únicamente evitar la discriminación contraria a la directiva europea de Servicios y a la Constitución española, discriminación que supondría autorizar solo la excepcionalidad a hoteles de una determinada categoría -la de cinco estrellas- impidiendo la construcción de otras categorías.

¿Le parece un galimatías? Pues es más sencillo de lo que parece: el Ministerio considera que el Constitucional debe suspender la ley, pero parece que no cayó en la cuenta de que si se suspende, entrará automáticamente en vigor la ley anterior, que prohíbe todo tipo de construcciones nuevas en Tenerife y Gran Canaria. Tal posibilidad ha alarmado a los empresarios grancanarios, y al propio Soria. El recurso puede acabar por suponer un daño a los intereses de los empresarios grancanarios superior al que se pretende evitar…