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Confundir al pueblo – Por Leopoldo Fernández

   

El presidente del Gobierno de Canarias incurrió el martes en TEIDE RADIO en un grave error de interpretación que inevitablemente lleva a la confusión del pueblo llano. Digo confundir, no manipular, porque quiero creer en la buena fe de Paulino Rivero, no en la de algunos de sus asesores, que interesadamente falsifican la realidad para adaptarla a su conveniencia y a sus intereses espurios. Me refiero a la idea de que “el petróleo (el que busca Repsol, por ejemplo, a sesenta kilómetros de las Islas) es un recurso de los canarios” y “deben ser los canarios quienes decidan si asumen el riesgo o no”. También invocó el presidente la Ley de Aguas Canarias, aprobada por el Congreso de los Diputados en diciembre de 2010, que según Rivero “reconoce las competencias autonómicas en el mar territorial de las islas -incluyendo la investigación y explotación de hidrocarburos”-, y cuya aplicación está condicionada a que las correspondientes disposiciones “sean incluidas en el Estatuto de Autonomía”. Le dije de viva voz al presidente, y lo reitero ahora, que está muy equivocado. Que se podrán llamar aguas canarias las situadas “dentro de un perímetro de líneas de base recta formado a partir de los puntos más salientes de las islas”, pero que la mentada ley pactada por CC con Zapatero a cambio del apoyo a los Presupuestos de 2011 no tiene ningún efecto jurídico. Se trata -lo apunté en su día y lo vuelvo a repetir- de un brindis al sol, un engañabobos electoralista, puesto que, como se señala en la propia ley, ésta “no alterará la delimitación de los espacios marítimos de Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente”. Éste tampoco reconoce al gobierno canario como sujeto para poder autorizar actividades en relación con el mar territorial, hasta doce millas de distancia. Se trata de una apreciación jurídica ratificada a su vez por el Tribunal Constitucional, para quien el espacio marítimo adyacente a las islas no forma parte del territorio canario, en contra de lo que sostiene el gobierno autonómico. Esta doctrina ha sido reiterada en varias sentencias, pero parece ser que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Así pues, aguas españolas y petróleo español, no sólo canario. De ahí que este asunto interese a todos los nacionales, no sólo a una parte de los ciudadanos del país. Vivimos en un archipiélago de Estado, no en un estado archipielágico, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar deposita en los estados, y sólo en los estados, la capacidad plena para disponer de la soberanía sobre el mar territorial y el que limita con la mediana de un estado vecino o ribereño. Más claro, agua.