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Un decreto “clarifica” los efectos del recurso a la ley de turismo

   

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Con la finalidad de disipar dudas y garantizar la seguridad jurídica, un Consejo de Gobierno extraordinario de media hora aprobó ayer un decreto mediante el cual “se clarifican” los efectos de la suspensión provisional de dos apartados del artículo 4.2 de la ley de renovación turística de Canarias. “Esta metedura de pata del PP significa que tampoco se van a poder construir hoteles de cinco estrellas o de superior categoría que no estén vinculados a la rehabilitación”, resumió el portavoz en rueda de prensa.

El mismo día en que el Boletín Oficial de Estado (BOE) publicaba la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Mariano Rajoy contra el veto a edificar nuevos establecimientos de cuatro o menos estrellas, el portavoz del Ejecutivo de Paulino Rivero resaltó que, como consecuencia de ello, no se concederán licencias urbanísticas en el sector turístico al margen de esa renovación y hasta que el Tribunal Constitucional resuelva en un plazo de cinco meses sobre la medida cautelar.

El Gobierno regional está ahora a la espera de recibir la notificación para presentar, dentro de 15 días, las pertinentes alegaciones. Paralelamente, la Abogacía del Estado hará llegar unas “aclaraciones” al objeto de eliminar cualquier “confusión”.
Marrero interpreta que este extremo supone de facto “el reconocimiento de un error garrafal, histórico”, porque “el ministro José Manuel Soria ha conseguido lo contrario de lo que buscaba”.

Las autoridades autonómicas han querido despejar la incertidumbre que rodea a los inversores y a las administraciones locales. Así las cosas, el decreto que hoy difunde el Boletín Oficial de Canarias (BOC) asegura la vigencia del modelo de desarrollo turístico que consagra la normativa de mayo de 2013 y, por lo tanto, la continuidad del proceso de modernización tanto de la planta alojativa como de los espacios adyacentes. Por lógica, se mantienen los convenios suscritos con las entidades financieras que operan en el Archipiélago y que, en la última semana de febrero, Rivero cuantificó en 222. A tal propósito se abrieron líneas de crédito por un importe global de 1.850 millones.

En este escenario, el Parlamento ha rechazado, con los votos en contra de CC y del PSOE, la toma en consideración de la proposición de ley del Cabildo de Gran Canaria en la que reclamaba el derecho a permitir la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas.